Responsabilidades compartidas. Esa es la explicación que circula en el oficialismo tras la seguidilla de derrotas del Gobierno en el Congreso, una racha que ha puesto la mirada sobre la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), ministerio que dirige José García Ruminot.
En los últimos días, el Gobierno y las fuerzas oficialistas registraron varias votaciones adversas, en particular en la Cámara de Diputados. La más relevante ocurrió el martes, cuando la Sala rechazó la reforma constitucional que buscaba ampliar de cinco a 30 días el plazo de detención en las expulsiones administrativas de extranjeros.
Si bien la iniciativa obtuvo un respaldo transversal con 88 votos, no llegó a los 89 requeridos exigidos para proceder con el cambio a la Carta Fundamental.
Este miércoles se sumó la aprobación de la admisibilidad del proyecto de la oposición Sueldos Protegidos, que propone agregar una regla al Código del Trabajo para que el sueldo no pierda su carácter protegido al ser transferido a una cuenta bancaria, en medio de los embargos a deudores del CAE instruido por la TGR a pedido del ministro Quiroz.
Aunque la votación no implica la aprobación del proyecto, la izquierda logró revertir la decisión de la Comisión de Educación, que había declarado inadmisible la moción.
En la misma jornada del miércoles, se despachó al Senado el proyecto Antibarricadas 2.0, una iniciativa del Gobierno, con votos del oficialismo, el PDG y la DC. Sin embargo, pese a ser iniciativa del oficialismo, en el texto se incorporó una indicación del diputado Raúl Leiva (PS) que excluye de la norma a quienes ejerzan de forma pacífica el derecho a reunión, huelga o manifestación.
Seguidilla de traspiés en el Congreso
Las dificultades en las votaciones también se han registrado en el Senado.
A principios de mes, la Cámara Alta despachó el proyecto de Sala Cuna Universal, pero no aprobó el artículo que fijaba el financiamiento del fondo, que requería quórum calificado y quedó a un voto del mínimo exigido. Ese día también se aprobó, por 25 votos a favor y 22 en contra, una indicación de la senadora Yasna Provoste (DC) que radica el derecho en los niños y niñas menores de dos años.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, había defendido que el titular fuera la persona que tiene la relación laboral y no el niño. “Qué desastre, hueón”, fue a frase del secretario de Estado que se coló en medio de la votación.
En el oficialismo, en todo caso, recuerdan que las descoordinaciones se han repetido más atrás en el tiempo. El 22 de julio, el Gobierno se vio obligado a retirar la urgencia de la megarreforma y el Senado suspendió la sesión en que se iba a votar el apartado de las contribuciones al detectar que no contaba con los apoyos necesarios para votar el informe de la comisión mixta.
Con estos antecedentes, la atención se ha concentrado en el equipo del ministro García y en la subsecretaria Constanza Castillo, pues son sus asesores quienes realizan el conteo en Sala.
El foco se explica también porque ambas cámaras están presididas por parlamentarios del sector, Jorge Alessandri (UDI) en la Cámara y Paulina Núñez (RN) en el Senado, con quienes García se coordina en los tiempos y la forma de tramitación de los proyectos, lo que ha generado reparos en el oficialismo y en los libertarios.
Responsabilidades compartidas
Consultada por EL DÍNAMO, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), sostuvo que “son responsabilidades compartidas” ya que el ministerio encabezado por García tiene “un aspecto muy ingrato: los éxitos legislativos se atribuyen al ministerio sectorial y las derrotas son siempre de la Segpres”.
Por eso, dice ante las críticas al ministro RN, que no se destacan “los múltiples aciertos que han tenido” y la atención se concentra en los traspiés,
En esa línea, Ossandón —que juega rol fundamental al reemplazar a Alessandri en la conducción de la Mesa de la Cámara— afirma que muchos de esos traspiés son de responsabilidad compartida con las bancadas y con los ministerios sectoriales “que solo se sientan a ver el tablero de votación”.
“Evidentemente falta afinar coordinación, y para ello no solo deben trabajar los partidos y Segpres, también se necesita que los sectoriales se involucren activamente tanto en el trabajo legislativo como en la gestión política”, añade.
Por su parte, las diputadas republicanas Javiera Rodríguez y Macarena Santelices defendieron el rol de la Segpres y de García.
Rodríguez, ante la consulta de este medio, plantea que “en una agenda legislativa intensa pueden producirse situaciones puntuales y lo importante es sacar aprendizajes para seguir fortaleciendo la coordinación”, y que el ministerio “ha cumplido un rol relevante en sacar adelante proyectos importantes”.
Santelices, en tanto, señala que una votación que se define por un solo voto “demuestra lo estrecho que puede ser el trabajo legislativo, no que exista una crisis política”, y que la Segpres “ha sacado adelante una agenda exigente”.
Requerida por EL DÍNAMO, la subjefa de bancada del PNL, Paulina Muñoz, pone el acento en el Ejecutivo. “Si no se está haciendo bien la pega, hay que preguntarse por qué está pasando esto”, advierte.
En ese sentido, la parlamentaria cuestiona que se pierda una norma importante por un voto y apunta a que, aunque existan responsabilidades de diputados o senadores, detrás hay un Gobierno que se comprometió con los chilenos a sacar adelante ciertas reformas. “Independiente que las responsabilidades sean individuales, las coordinaciones son del Gobierno”, concluye.
Mientras tanto, el Gobierno confirmó que insistirá ante el Senado con la reforma de expulsiones, para lo cual requiere los dos tercios de los senadores presentes.
La presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), llamó a actuar con “realismo legislativo” y planteó que la insistencia no sería con el mismo texto, sino con el argumento de fondo, sin descartar un plazo menor.
