Durante esta mañana la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en compañía de la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar; el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri; y el superintendente de Educación, Sebastián Izquierdo, anunció que enviarán al Congreso un proyecto de ley que busca mejorar las herramientas con las que cuentan los directores de los colegios a la hora de enfrentar hechos de violencia.
“Nuestra primera preocupación es la seguridad de toda la comunidad educativa. No queremos seguir viendo a profesores amenazados y agredidos, a alumnos y apoderados viviendo con temor”, señaló la ministra Marcela Cubillos. Esto último, considerando que durante el primer semestre de este año los episodios de violencia se incrementaron, en comparación a años anteriores.
Es que, según el alcalde Alessandri, “no tengo problemas en ejercer la autoridad, para eso fui elegido. Pero siempre he dicho que necesitamos herramientas legales que nos permitan ejercerla, que es lo que quiere nuestra comunidad educativa. Los manuales de convivencia están absolutamente superados, no están hechos para la violencia y para actos vandálicos que estamos viviendo hoy en día. Por eso, creemos que este proyecto de ley apunta hacia la dirección correcta, ya que protege a nuestros directores y profesores ante actos de violencia extrema”.
Específicamente, esta medida vendría a “regular una materia no contemplada en la actual normativa educacional, aquellos casos de extrema gravedad y violencia como los conocidos recientemente y que ponen en riesgo la buena convivencia escolar”, detalló el superintendente de Educación.
Cabe mencionar que este proyecto, cuya respectiva tramitación se ingresará durante la próxima semana, busca que ante acontecimientos graves de violencia (por ej. detonación de artefactos explosivos, agresiones físicas y posesión de armas) el director del colegio pueda tomar la decisión de expulsar o cancelar la matrícula de los alumnos involucrados.
En este caso, los estudiantes y sus apoderados deberán ser notificados por escrito, pudiendo apelar a la reconsideración de la medida en un plazo máximo de cinco días. Tras esto, el Consejo de Profesores evaluará la situación, pero luego -de aprobarse- será tarea del Mineduc la reubicación de los alumnos afectados.
