El abogado Pablo Rodríguez Grez mostró su rechazo a los programas de denuncia en la televisión chilena, indicando que esto esta generando una suerte de “justicia paralela”, además de ejercer presión sobre la actuación de los magistrados.
Según el ex defensor de Augusto Pinochet, “se trata de la intromisión de los medios de comunicación en la raíz y la solución de conflictos interpersonales. Como es natural, habida consideración de su poder informativo y de presión social, comerciantes, industriales, profesionales y funcionarios públicos, entre otros, temen más a las denuncias de los medios informativos que a la actuación de un tribunal de derecho”.
En una columna publicada en El Mercurio, el jurista señala que “el daño que pueden causar los primeros es muy superior al que deriva de la intervención de la justicia ordinaria (…) El fenómeno que comentamos llega a extremos insospechados cuando el medio de comunicación despliega su actividad sobre un proceso -penal o civil-, porque, indudablemente, se genera una atmósfera hostil para unos y propicia para otros, que gravita poderosamente sobre los jueces llamados a resolver”.
“Es imposible que estos últimos puedan sustraerse de todo influjo externo, mucho menos cuando la opinión pública toma partido exigiendo un cierto resultado o una reparación. Dígase lo que se quiera, pero lo cierto es que la presión de una campaña periodística es irresistible, porque el costo que representa para el afectado casi siempre supera al de la decisión jurisdiccional. Los abogados lo sabemos bien, porque hemos sido, no pocas veces, testigos o víctimas de procedimientos encaminados a distorsionar o acomodar la realidad para sacar ventajas indebidas”.
En vista de esta situación, Rodríguez abogó por acelerar la promulgación que regule el lobby, así como las penas por un eventual comportamiento antiético, ya que “de lo contrario, seguirá aumentando la influencia de una verdadera ‘justicia paralela’, muchas veces irracional, abusiva y tendenciosa, fundada en el abuso y el temor, y que opera al amparo de un derecho (libertad de expresión e información) que no puede ni debe afectarse”.
