Me gustan el fútbol y la política, y más que eso, me importan. Crecí en medio de acalorados debates familiares en los que, con igual pasión, se discutía sobre el plebiscito del ’88 y la superioridad de la U, la UC o Colo-Colo. Como todos, me estremecí en 1989 con el “Cóndor” y la elección presidencial. El Maracaná, las reformas constitucionales para la “transición pactada”, y la ceremonia de cambio de mando Aylwin-Pinochet son imborrables. La Libertadores de 1991, sin ser colocolina, también.
Confieso el pasado (y mi actual sesgo jurídico) para proponer una lectura conjunta de hechos distintos. La revocación de la tarjeta roja a instancias de Donald Trump y las acciones en curso ante el TC chileno, en las que algunos insisten en desconocer autoridad sustantiva a la Constitución, son manifestaciones de un mismo y grave problema. Su simultaneidad no es circunstancial, sino sintomática: ambas muestran una profunda incomprensión sobre la virtud de las reglas del juego y el deber inexcusable de la autoridad de reconocerlo públicamente.
¿Por qué importan las reglas? Las reglas son medios que definen cómo jugar y resolver disputas. En el fútbol, el reglamento determina el fuera de juego, la falta, el gol, la clasificación; y determina también el arbitraje, sus procedimientos y designaciones. En política, la Constitución define quiénes conducirán al país y cómo se resolverán los conflictos entre poderes. Pero, puesto que fútbol y democracia son entelequias humanas, sus reglas no son solo medios, sino también fines. No solo permiten saber cómo jugar y arbitrar disputas: crean el juego.
Lo de Trump es ilustrativo. Su abierta intervención deslegitima a la FIFA y pisotea la moral de los equipos, pero siendo presidente de EE.UU., especialmente aplasta (nuevamente) la estatura ética de la democracia norteamericana. En Chile, recurrir al TC para impugnar la constitucionalidad de un proyecto de ley es un deber para el parlamentario de buena fe. Pero aquí se ha hecho evidente un problema de fondo. Además de incoherencia y oportunismo político, lo grave es que algunos parlamentarios insistan en que recurrir al TC no implica reconocer legitimidad sustantiva a la Constitución. Tras las reformas constitucionales, pero sobre todo tras los dos procesos fallidos, esta especie de “reserva de derechos” de cualquier parlamentario o autoridad es inaceptable porque es antidemocrática.
Aquí el fútbol y la democracia coinciden en un punto crucial: cuando la autoridad niega las normas, no es más transparente, sino que destruye el fundamento de su cargo y con ello el sistema en el que éste existe. Si la autoridad desconoce las reglas y se precia de hacerlo, el fundamento normativo de su propia existencia cesa, y pasa a ser un poder fáctico. En términos de Max Weber, pierde, aunque haya sido electa democráticamente, su legitimidad de ejercicio. Pero, aún más grave, al hacerlo destruye la legitimidad y existencia del sistema mismo.
Esto, que agobia a niños y adultos y se expresa con elocuencia en redes sociales respecto del Mundial, nos ayuda a comprender el daño institucional más allá del fútbol. Se podrá argumentar, por ejemplo, que los árbitros yerran al aplicar normas, y que por eso se necesita rectificar. También se podrá decir que la FIFA, desde hace mucho, no goza de credibilidad. Pero estos argumentos, febles además, no impiden afirmar que las acciones coordinadas y abiertas de la FIFA y del presidente Trump han causado daño institucional. ¿Sería deseable no tener que especular sobre la corrección de la FIFA? Desde luego, pero tener que hacerlo es más institucional que normalizar la intervención del presidente. No hay aquí una apología de la hipocresía, sino una constatación de la realidad.
Lo mismo ocurre en las democracias norteamericana y chilena. En fútbol y en política existen diagnósticos errados y suelen rondar sospechas de trampas y presiones, pero el sistema sobrevive. El juego deja de existir por completo, en cambio, cuando la autoridad desprecia abiertamente la regla. En este sentido, la épica que combina fútbol y política no es trivial ni frívola. No todo partido ni todo debate político reúne caracteres asimilables. Pero aquellos en los que el colectivo comparte percepciones y sentimientos -de esperanza, emoción o agravio- sí los reúnen. Eso, que se llama institucionalidad, gusta e importa. Su violación, en cambio, molesta y daña.
