“No participamos; por lo tanto, no nos corresponde explicar sus alcances ni sus decisiones”. Con esa frase, María Corina Machado y Edmundo González marcaron este domingo su distancia del mecanismo de diálogo que desde el 1 de agosto reunirá a la Asamblea Nacional de 2015 con representantes del régimen venezolano, en un proceso patrocinado por Estados Unidos.
El comunicado conjunto, dirigido a los venezolanos y a la comunidad internacional, precisó que ambos dirigentes no forman parte del diseño, la construcción ni el funcionamiento de la instancia, y que quienes la impulsan “deben informarle al país sus objetivos, su método y su cronograma”.
El texto no cierra la puerta del todo ya que aseguraron que no serán un obstáculo para iniciativas que produzcan avances, aunque adviertieron que las evaluarán sobre la base de “logros concretos y verificables”, entre ellos la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías para todos los actores sin exclusiones y un cronograma electoral presidencial oportuno.
La declaración, en apariencia una simple aclaratoria, apunta a la posición incómoda en que quedó el liderazgo opositor que derrotó a Nicolás Maduro en las urnas.
Hoy, en la práctica, Machado y Gonzalez están fuera de la mesa donde se negocia el futuro político de Venezuela, y sin el respaldo explícito del gobierno estadounidense que derrocó a Nicolás Maduro.
Una mesa construida sin ellos
El mecanismo del que Machado y González se restan comenzó a gestarse semanas antes del anuncio formal.
El acercamiento partió el 18 de junio, cuando Dinorah Figuera —presidenta de la comisión delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 y designada por el Departamento de Estado para encabezar las conversaciones— regresó a Caracas tras ocho años de exilio y se reunió con Jorge Rodríguez, titular del Parlamento controlado por el chavismo y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Las conversaciones se suspendieron por el la catástrofe sísmica que golpeó al país el 24 de junio y se retomaron a mediados de julio, cuando la Asamblea de 2015 anunció una agenda de trabajo conjunta a partir del 1 de agosto concebida como una hoja de ruta para promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional.
Washington, por su parte, reafirmó su interés en la instancia. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que Estados Unidos tendrá una participación “muy activa” en las reuniones.
La mesa sienta a dos parlamentos que se disputan la legitimidad —el de 2015, reconocido por Washington, y el de 2026, controlado por el oficialismo—, pero excluye a los dos dirigentes que reivindican el triunfo en la elección presidencial del 28 de julio de 2024.
En el comunicado de este domingo, Machado y González insistieron precisamente en ese punto: el mandato expresado “con votos en las primarias del 22 de octubre de 2023 y en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”, sostuvieron, continúa vigente.
