Representantes de la ONG Foro Penal Venezolano se reunieron con la fiscal general, Luisa Ortega, y la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, a las que presentaron 42 casos de supuestas torturas de detenidos en las protestas de las últimas semanas en Venezuela.
“El objeto de la reunión era presentar, o ratificar más bien, lo que hemos también hecho referencia en algunos expedientes (…), allí presentamos pues 42 casos de tortura, tratos crueles e inhumanos, así como abuso de autoridad”, declaró el director de la ONG, Alfredo Romero.
Romero comentó que estos casos fueron presentados a estas instituciones con el objeto de establecer una comunicación directa con estos organismos en un momento tan “conflictivo” e “irregular” en el país, donde “los casos de violación a los derechos humanos que han ocurrido deben de alguna manera detenerse”.
Subrayó que no han cotejado estos 42 casos de tortura con los 25 registrados y difundidos por el Ministerio Público, aunque aseveró que “podrían coincidir” con las denuncias que maneja la ONG.
El director del Foro Penal puntualizó el caso de una manifestante de nombre Marvinia Jiménez, que, según Romero, fue golpeada por funcionarios de la Guardia Nacional y señalada como la agresora.
Jiménez, liberada el pasado 26 de febrero después de ser detenida dos días antes, fue imputada por tribunales por presuntamente cometer cinco delitos, entre ellos la agresión a funcionarios de la Guardia Nacional, y está sometida a un régimen de presentación cada 45 días.
La ONG presentó también los casos de cuatro hispano-venezolanos, tres de ellos por denuncias de torturados y uno que recibió un disparo en un ojo.
Raúl Ayala denunció haber sido sometido a descargas eléctricas durante su detención; Juan Manuel Carrasco dijo días atrás que había sido violado con un fusil, y Ángel De Jesús González está en prisión preventiva y ha denunciado torturas en el momento de la detención acusado del supuesto ataque al Ministerio Publico.
Por otra parte, otro hispano-venezolano, Tomás Eliseo Dorado Roa, tiene afectada la visión de un ojo como resultado supuestamente de un disparo perdido de la Guardia Nacional. Para Romero, “cualquiera de ellos podría ir a la Audiencia Nacional española”.
La fiscal general agradeció “el suministro de información por parte de los representantes del Foro Penal; al tiempo que añadió que la misma será revisada”, según señaló el Ministerio Público a través de un comunicado, y solicitó a la ONG que las denuncias deben ser realizadas en las oficinas del Ministerio Público y no a través de los medios de comunicación.
Por su parte, la defensora del pueblo expresó su firme propósito de “impulsar las investigaciones para llegar a la verdad de los hechos, y en los casos que lo ameriten, a la sanción de los responsables”, indicó el organismo gubernamental mediante un comunicado.
La Defensoría expresó a las ONG que “la casi totalidad de las denuncias presentadas” ya han sido registradas y “se encuentran en proceso de investigación desde el mismo día en que se conocieron”.
