Cuñada de Pedro Castillo es detenida por delitos de corrupción

La justicia peruana ordenó la prisión preventiva por 30 meses de la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes. Esta es la mayor escalada hasta el momento de una serie de investigaciones por presunta corrupción que involucran a la familia presidencial.

“Dispongo la prisión preventiva contra los imputados por el plazo de 30 meses, teniendo en cuenta el tiempo de su detención”, manifestó el juez Jhonny Gómez, al precisar que Paredes cumpliría el plazo en febrero de 2025.

Yenifer Paredes es hermana de la esposa del mandatario peruano y estaba detenida desde hace dos semanas, mientras era investigada por supuestamente integrar una red de corrupción en obras públicas y por lavado de activos, que según la fiscalía estaría dirigida por el propio jefe de Estado.

Pedro Castillo, quien asumió el poder en julio de 2021, enfrenta varios escándalos y sobrevivió a dos intentos de juicio político en el Congreso Nacional, que es dominado por la oposición. El presidente negó las acusaciones y acusó a los fiscales de ser cómplices en un intento de sacarlo del poder. Asimismo, encara seis investigaciones fiscales, entre ellas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, de obstrucción a la justicia, de dirigir una organización criminal y hasta de plagio de su tesis de maestría de profesor.

Los fiscales han buscado probar que Yenifer Paredes  parte de un grupo que se dedicaba al tráfico de influencias, con el objetivo de asignar contratos públicos a los aliados del presidente en su región natal de Cajamarca.

Yenifer, quien rechazó las imputaciones, no fue acusada de ningún delito y pasará un período en la cárcel mientras los fiscales siguen investigando.

El posible involucramiento de Lilia Paredes

Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, también fue incluida en las investigaciones y la fiscalía solicitó a un juez su impedimento de salida de Perú por 36 meses.  

Esa es la primera vez que un presidente en ejercicio en Perú es investigado por la justicia, a pesar de que, según la Constitución del país, no puede ser acusado durante su mandato, que dura cinco años.

Asimismo, casi todos los presidentes del país se han visto involucrados en acusaciones de corrupción en las últimas tres décadas. Cuatro exmandatarios están enfrentando un proceso con una posible condena en prisión, encarcelados o en arresto domiciliario.