La Moneda apostó a que las explicaciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, bajaran la tensión de la crisis por las rebajas de condena. El resultado, sin embargo, fue otro: tras una sesión especial marcada por gritos y carteles, y sin que el ministro esperara el final, la oposición anunció que presentará una acusación constitucional en su contra. Será la primera acusación contra un ministro del presidente José Antonio Kast en los más de siete meses de mandato.
Rabat llegó a la Cámara a dar explicaciones por los 56 decretos de rebaja de condena firmados entre marzo y septiembre, 29 a condenados por violación y 27 por abuso sexual contra menores.
A ellos se sumaron los de dos internos de Punta Peuco condenados por secuestro y tortura, y los de tres venezolanos que se presentaban como integrantes del Tren de Aragua.
El lunes, Kast reconoció “nuestro propio error” y ratificó al ministro, a quien encomendó liderar los cambios legales. Hoy, el vocero Gonzalo Arenas puso la esperanza del Gobierno en la exposición: “Yo espero que, con buena fe, queriendo escuchar los argumentos del ministro, muchos de los parlamentarios que apoyan al gobierno se van a convencer de lo injusto que sería presentar una acusación constitucional”.
La decisión del mandatario había dividido al oficialismo provocando el descuelgue de la senadora RN María José Gatica, los diputados Omar Sabat (UDI), Marlene Pérez (independiente-UDI), Eduardo Durán (RN) y Claudia Mora, y el senador Rojo Edwards, quienes solicitaron la renuncia del ministro.
La defensa de Rabat
En la testera, Rabat no ofreció disculpas ni calificó como un error haber aprobado los beneficios, como exigió la oposición previo a la sesión. Pese a eso, admitió una falla de diseño: “No cabe ninguna duda que el procedimiento tiene un vacío en su inicio al no escuchar a las víctimas”, y anunció que el Gobierno buscará corregirla.
Desde ahí apuntó al gobierno anterior: “¿Qué pasó durante 4 años con el informe de Gendarmería? ¿Qué pasó durante 4 años con no haber escuchado a las víctimas?”, momento que desató gritos y recriminaciones de las bancadas de izquierda.
Buena parte de su exposición Fernando Rabat la dedicó a explicar el procedimiento, en el que intervienen Gendarmería, la Comisión de Reducción de Condenas, la Seremi y el Ministerio. De hecho, en más de una oportunidad apuntó a los informes de Gendarmería y el hecho de que ningún sector apuntara a la institución.
Según dijo, una vez que la comisión califica la conducta se agota la instancia para ponderar el mérito, y “el Ministerio de Justicia simplemente formaliza firmando el decreto respectivo para dar vida jurídica a la decisión que había adoptado con carácter de firme la Comisión Evaluadora respectiva”.
“Me estarían exigiendo actuar fuera del ámbito de mis atribuciones, actuar fuera del ámbito de mis competencias y eso no es admisible”, advirtió el ministro.
En esa línea, reconoció que, al llegar al ministerio, rechazó las primeras solicitudes, y que cambió de criterio tras un recurso de amparo en que “el máximo tribunal del país me reprocha haber privado de libertad ilegalmente a un ciudadano de este país”.
Entre mayo y octubre, afirmó, se dictaron 54 decretos, 36 de ellos con amparos previos, aunque no precisó cuántos de esos fallos ordenaban expresamente conceder el beneficio. “Si eso es incumplir la ley, señores diputados, espero que me expliquen cómo puedo dejar de cumplir una sentencia de la excelentísima Corte Suprema sin infringir el juramento que efectué”, planteó el ministro ante un tibio aplauso de las fuerzas oficialistas.
Su otro frente fue el Congreso. Reprochó que en 2022, al excluir del beneficio a ciertos condenados por delitos sexuales contra menores, se omitiera una norma de transición: “De manera unánime, en el mes de enero del año 2022 no escucha a la Defensora de la Niñez y no incorpora una norma transitoria que permita fijar el correcto sentido de esta disposición”.
Y cerró diciendo “No hemos dejado pasar 4 años” y llamó a ambas cámaras “a abocarse a lo que es solucionar el problema”.
El punto de inflexión
Al terminar la sesión, las bancadas del PC, el Frente Amplio, el PS, el PPD, el Partido Liberal y la DC dieron por vencido el plazo de 48 horas fijado el lunes anunciando que presentarán una acusación constitucional en los próximos días, tras el estudio jurídico. Fuentes del sector opositor indicaron que el libelo ingresaría a más tardar el martes.
La jefa de la bancada comunista, Daniela Serrano, sostuvo que el ministro “no actuó apegado a la ley” y que “él mismo se arroga una facultad que no le corresponde, a él no le corresponde interpretar la ley”.
Y acotó: “Hay que buscar la responsabilidad política hasta el final, porque sabemos que este Gobierno, una vez que saca a sus ministros de Estado, los pone de asesores y no de cualquier tipo de asesor, en el segundo piso o incluso le ofrece puestos diplomáticos”:
El diputado Juan Santana (PS) sostuvo que Rabat “no ha sido capaz de responder a la altura de las circunstancias” y que usarán “todas las herramientas de fiscalización para hacer valer la responsabilidad política que el presidente Kast no quiere hacerle valer a sus ministros”.
El presidente de la DC, el diputado Álvaro Ortiz, anunció que su partido se suma a la acusación y que ya hay contacto con abogados. Dijo que es un “deber ético hacerlo cuando […] incorporan personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos”.
Sesión especial se transforma en guerrilla
En la sesión especial, los diputados, lejos de avanzar en una solución a los decretos o en una aproximación a la reforma legal necesaria, se dedicaron a lanzar duras acusaciones cruzadas, con gritos y carteles de por medio.
Marcos Barraza (PC) y Lorena Fries (FA) emplazaron a Rabat a dejar el cargo y calificaron de “inaceptable” que las familias de las víctimas se enteren por la prensa.
Desde el oficialismo, Jorge Guzmán (Evópoli) cuestionó la falta de atención a las víctimas y rechazó centrar el debate en comparar gobiernos, mientras la diputada del Partido Republicano, Paz Charpentier, hizo un llamado al oficialismo a “respetar la decisión del Presidente” ante los llamados de renuncia al ministro.
La diputada Gloria Navillán (PNL) reclamó en reiteradas ocasiones a la testera por los letreros que pedían la renuncia de Rabat o los que llevó la bancada PC con la imagen de las víctimas de los liberados de Punta Peuco.
“Me parece que el espectáculo de gritos que hemos escuchado, de letreros que han sido levantados durante la intervención de un ministro de Estado, son una falta de respeto tremenda”, dijo la diputada al momento de señalar que “no permito que se falte el respeto a un ministro, por más que no estén de acuerdo con él, de la forma como se ha hecho, y tampoco me gusta que usted, como presidente, no haya dicho nada”. La testera llamó a mantener la conducta.
La tensión llegó a su punto más alto cuando Rabat abandonó el hemiciclo antes del cierre.
Se pidió al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, que lo hiciera volver, lo que no ocurrió. Desde la oposición, el diputado Daniel Manouchehri lo acusó de “huir como un cobarde”.
Rabat, en tanto, hizo un breve punto de prensa junto a los ministros Claudio Alvarado y José García Ruminot, donde valoró que no se le reprochara infracción alguna a la ley o la Constitución.
