El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó los principales desafíos que enfrenta Chile en esta materia y destacó la importancia de mantener la continuidad de las políticas públicas entre gobiernos.
En entrevista con Felipe Bianchi en el programa Pauta Abierta, de Radio Pauta, la exautoridad sostuvo que las estrategias de seguridad requieren una implementación sostenida, independientemente de los cambios de administración. “Uno no puede reinventar el país cada cuatro años”, afirmó, aludiendo a la necesidad de dar estabilidad a las políticas de Estado.
Cordero defendió la continuidad de las políticas de seguridad
En relación con la gestión del actual gobierno, Cordero señaló que el Ministerio de Seguridad Pública enfrenta una etapa centrada principalmente en ejecutar las medidas legislativas ya aprobadas.
Según explicó, durante la administración anterior se aprobaron más de 70 leyes en la materia, fruto de acuerdos entre el Ejecutivo y la oposición. “El debate legislativo es muy importante, pero las leyes centrales, esenciales, fundamentales ya están dictadas”, sostuvo, enfatizando que el desafío ahora está en concretar su implementación.
Asimismo, el exsecretario de Estado destacó la importancia de preservar las capacidades institucionales desarrolladas durante la instalación del ministerio. En particular, cuestionó la decisión inicial de desarmar una unidad estratégica que integraba información de distintas instituciones policiales, aunque valoró que posteriormente fuera reinstalada. A su juicio, mantener estas herramientas permite dar continuidad al trabajo técnico y operativo en seguridad.
Por otra parte, Cordero advirtió que el crimen organizado no debe asociarse exclusivamente al narcotráfico, ya que también participa en otras economías ilícitas, como la explotación de recursos naturales y los delitos contra el patrimonio ambiental. “En general, el crimen organizado son estructuras que tienen un orden con el propósito de explotar economías ilícitas”, explicó. En esa línea, mencionó la situación de países como Perú, Ecuador, Brasil y Colombia, donde estas organizaciones afectan territorios y comunidades indígenas.
Junto a ello, el exministro Cordero manifestó sus reparos frente a la incorporación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado como estrategia general y planteó la necesidad de comprender la complejidad del fenómeno antes de definir las respuestas institucionales.
Sus declaraciones apuntan a la importancia de fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado y sostener políticas de seguridad que permitan enfrentar las distintas dimensiones de este problema.
