Cerca de 600.000 venezolanos se quedaron esta jornada sin estatus de protección temporal (TPS, por siglas en inglés) en Estados Unidos a partir de las políticas en contra de la inmigración adoptadas por la administración del presidente Donald Trump. Ahora este grupo de personas pueden ser deportadas, lo que expertos han definido como la “mayor ilegalización instantánea“.
Estos ciudadanos se encuentran en este momento en situación irregular y se quedaron sin la documentación válida para poder permanecer de manera legal en el país norteamericano. La retirada del TPS fue impulsada por el propio Trump y a principios de octubre recibió el visto bueno por parte del Tribunal Supremo, que dictaminó que la corte tiene la potestad de suspender la protección.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, determinó que Venezuela no cumple con las condiciones para mantener el TPS, argumentando mejoras en áreas como la economía y la seguridad, pese a que los ciudadanos venezolanos denuncian una crisis humanitaria “persistente” bajo el Gobierno presidido por Nicolás Maduro.
La entrada en vigor de la medida tiene como principales damnificados a quienes se acogieron como beneficiarios del estatus en 2021.
La directora del Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, definió lo ocurrido como “devastador“, lamentando que los casos “más dolorosos” son los relacionados con la salud, según indicó en una entrevista con la cadena Univisión. Asimismo, señaló que muchos venezolanos se han “autodeportado“, abandonando sus pertenencias para volver a Venezuela a raíz de las férreas políticas de Trump.
“Hay niños que pierden becas, deportistas que abandonan entrenamientos, empresarios que cierran negocios…“, aseguró Ferro. Si bien pueden solicitar asilo o visados humanitarios en casos específicos, la mayor parte de los migrantes venezolanos “quedan expuestos inmediatamente a procesos de deportación”, donde muchos sostienen que volver “implica desaparecer a manos del régimen” y denuncian una “situación de terror”.
