Funcionarios del Gobierno de Donald Trump han señalado internamente un dictamen legal emitido en 1989 y la posterior invasión estadounidense de Panamá como antecedente para justificar la operación realizada en Venezuela sin autorización del Congreso de Estados Unidos, según informó CNN tras consultar a tres personas familiarizadas con el asunto.
De acuerdo con esas fuentes, el dictamen de 1989 concluyó que el presidente de Estados Unidos tiene autoridad constitucional para desplegar al FBI con el fin de investigar y arrestar a personas acusadas de violar la ley estadounidense, “incluso si esas acciones contravienen el derecho internacional”. Ese razonamiento habría sido clave para respaldar jurídicamente la reciente operación en territorio venezolano.
El citado medio informó que agentes del FBI estuvieron en el terreno junto con efectivos militares de la Fuerza Delta de Estados Unidos durante el operativo para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa. Otra fuente citada por la cadena señaló que la presencia del FBI habría sido utilizada como una suerte de “vacío legal” que permitió a la administración Trump ampararse en el dictamen de 1989.
El caso de Panamá y su paralelismo con Venezuela
Ese mismo dictamen allanó el camino para que Estados Unidos, bajo el gobierno de George H. W. Bush, invadiera Panamá en 1989 sin autorización del Congreso y capturara al entonces dictador militar Manuel Noriega, también un 3 de enero. Noriega fue trasladado a Miami, donde fue juzgado por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y asociación ilícita.
De forma similar, Maduro fue detenido por fuerzas estadounidenses tras una operación militar realizada sin aval del Congreso y está siendo trasladado a Nueva York para enfrentar cargos vinculados al narcotráfico.
Fuentes subrayaron, sin embargo, una diferencia clave entre ambos casos: Panamá había declarado la guerra a Estados Unidos antes de la intervención.
El dictamen de 1989 también sostiene que el presidente tiene la facultad de dejar sin efecto una disposición de la Carta de la ONU que establece que los estados miembros “se abstendrán… de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado”.
