Hoy se confirmó la renuncia del presidente del Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas (SEP), Sergio Guzmán Lagos, quien se desempeñó en el cargo desde el inicio del gobierno de Sebastián Piñera.
“Durante sus casi 15 meses de gestión, el economista Sergio Guzmán Lagos focalizó su acción en generar las políticas necesarias para el mejoramiento de los gobiernos corporativos de las empresas públicas; la definición de estrategias generales para estas compañías del Estado y en llevar a cabo acciones de coordinación y trabajo cercano con cada uno de los directorios para la materialización de estos objetivos”, afirmó la entidad.
La salida del directivo estaría ligada con la llegada al ministerio de Economía del gremialista Pablo Longueira, dando cuenta del nuevo rumbo que tomó esa cartera desde la incorporación del ex presidente de la UDI al gabinete.
La gestión de Guzmán dio un perfil más técnico que político a la dirección del SEP, debido a su pasado por múltiples directorios de empresas. En su experiencia profesional se cuentan participaciones en Textil Viña, del grupo Pathfinder, y luego se trasladó a la gerencia general de Embotelladora Andina, y de ahí se fue a trabajar con la familia Luksic, como gerente general de Embotelladoras Chilenas Unidas (Ecusa), parte de CCU. Posteriormente, fue gerente de recursos humanos de Quiñenco, holding que reúne todas las inversiones del grupo.
Luego, Guzmán participó en el directorio de Blanco y Negro y en viña Santa Rita.
El SEP tiene entre sus funciones las más amplias facultades para administrar los derechos, acciones y cuotas que tenga o le correspondan a Corfo -entidad dependiente del ministerio de Economía- en sociedades y entes sin fines de lucro. Participa también en la designación y remoción de los representantes de Corfo en las juntas de accionistas y reuniones y asambleas de socios en las compañías y entes sin fines de lucro, en los cuales explícitamente se le ha encargado la actuación.
El Servicio de Empresas Públicas es un holding, de 25 empresas públicas del que el Estado es dueño o accionista, y que cubren sectores vitales para el país, como la infraestructura portuaria y sanitarias, transporte terrestre urbano e interurbano, servicios a sectores productivos como la Minería y la agricultura, entre otros.
