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CCU al ataque: Patenta palabra “La Araucanía” y perjudica a pequeños productores de cerveza de la región

La Asociación de Cerveceros Artesanales de la Araucanía, agrupa desde el 2012 a los productores de la región. Algunas de las marcas asociadas son: Cerveza Baco, Grassau, Buhler, Totem, Manada, La Comarca, KAF, Peñiwen, Vertientes del Ñielol y Cassuni.

“Porque La Araucanía es de Tod@s no de un grupo económico…daremos la pelea judicial contra CCU como Agrupación de Cerveceros de la Araucanía… Salud camaradas”, arengaron por redes sociales los microempresarios de la cerveza regional ante el golpe propinado por la CCU al patentar el término “La Araucanía”, lo que los imposibilita de usar ese dominio.

La Asociación de Cerveceros Artesanales de la Araucanía, agrupa desde el 2012 a los productores de la región. Algunas de las marcas asociadas son: Cerveza Baco, Grassau, Buhler, Totem, Manada, La Comarca, KAF, Peñiwen, Vertientes del Ñielol y Cassuni.

Los agremiados están siendo apoyados en la parte legal por uno de sus socios, la cerveza Grassau, quienes a través de sus abogados defenderá a los pequeños productores. “Estamos emplazados como asociación en un juicio por la palabra “Araucanía”. CCU se está apoderando de un concepto que es territorial, que es de toda la comunidad”, relata Duberli Fernández, presidente de la ACAA

El daño, que les provoca esta acción de la gran industria, es importante pues les significaría quitar la palabra de su nombre gremial y de sus eventos. Un knock out a los microempresario de este rubro.

Consultados por esta disputa, desde la Seremi de Economía indicaron que ellos no están en conocimiento formal de esta situación por lo que no darían declaraciones al respecto. Se limitaron a decir que como entidad gubernamental han apoyado con recursos a través de SERCOTEC a la ACAA y que las medidas gubernamentales van línea con el desarrollo de los microempresarios, relata La Opiñon.

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Según pudo confirmar EL DÍNAMO, la millonaria cifra se desembolsó en el recién finalizado periodo legislativo por labores que no se realizaron: $496 millones en asesores de parlamentarios inhabilitados y $418 millones en dietas a diputados desaforados que no pudieron ejercer sus funciones. A esto se suman casi $25 millones en oficinas parlamentarias vacías. Los recursos comprometidos provienen de las arcas fiscales financiadas a través de impuestos generales.

Daniel Lillo