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Comisión de Hacienda aprobó en general proyecto que institucionaliza el “Bono Marzo”

Los parlamentarios oficialistas resaltaron la importancia de crear este beneficio como una forma de avanzar en la reducción de la desigualdad y pusieron de relieve que su institucionalización, su gestación como derecho, les restará manejo electoralista y político

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad este miércoles la idea de legislar en torno al proyecto que crea el “Aporte permanente de marzo” -o Bono Marzo Permanente-, iniciativa de la Presidenta Bachelet que durante la tarde ingresó a la corporación el ministro de Hacienda Alberto Arenas.

Arenas explicó en la Comisión que la iniciativa contempla un costo fiscal de $162.660 millones y que la propuesta se encuentra financiada a través de los llamados fondos de libre disposición presentes en el Presupuesto aprobado para 2014.

Los parlamentarios oficialistas resaltaron la importancia de crear este beneficio como una forma de avanzar en la reducción de la desigualdad y pusieron de relieve que su institucionalización, su gestación como derecho, les restará manejo electoralista y político, informó la web de la Cámara.

Por su parte, la oposición planteó la necesidad de vislumbrar una política social detrás de la iniciativa, por lo cual pidieron establecer un diálogo no solo con Hacienda, sino también con la cartera de Desarrollo Social.  Los diputados UDI Patricio Melero, Ernesto Silva, Javier Macaya y Felipe De Mussy y el diputado de RN, Alejandro Santana, presentaron una indicación para que se incorpore a la clase media emergente dentro de la medida.

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La pregunta incómoda, entonces, no es si Chile necesita una institucionalidad de reinserción —eso parece fuera de duda—, sino qué tipo de reinserción está dispuesto a sostener como política de Estado, la reinserción no es políticamente rentable en el corto plazo, requiere de una inversión sostenida, con equipos profesionales especializados, coordinación intersectorial y, sobre todo, una convicción pública de que las personas que han delinquido siguen siendo sujetos de derechos.

Foto del Columnista Estela Adasme Estela Adasme