El año 2003 Ricardo Lagos y Pablo Longueira sellaron un pacto político que le entregó a Chile su primera regulación legal del financiamiento electoral. En ese momento, un estandar común en la forma de gobernar era marginar a los ciudadanos de la toma de decisiones, prescindiendo de la participación ciudadana más allá de los centros de estudios ligados a una ideología política.
Once años después, el contexto ha cambiado. Cada vez son más los estándares que apuntan a la apertura de los gobiernos, tanto en su gestión como en los aspectos de participación en los procesos decisorios.
Hoy el Estado de Chile es parte activa en instancias internacionales que promueven principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, sellando con ello el compromiso de avanzar cada vez más en esa línea.
No obstante, y pese a que actualmente el Ministerio Secretaría General de la Presidencia se encuentra trabajando en la elaboración de un proyecto de ley que reforma el financiamiento de la política, dando un gran paso dentro de las reformas políticas en nuestro país, desgraciadamente esto no ha venido de la mano de un mayor desarrollo dentro de los cánones de lo deseable en cuanto a participación, como por ejemplo sí ocurrió con la reforma educacional, donde se tuvo una serie de dialogos ciudadanos basados en un documento base.
Siendo el debate sobre la relación entre el Dinero y la Política un tema íntimamente ligado a la confianza que los ciudadanos tenemos con nuestras autoridades y a la fortaleza de nuestra democracia, no se ha considerado mecanismo alguno de participación en la elaboración de este proyecto de ley.
Hoy el Ministerio Secretaria General de la Presidencia se encuentra presentando el borrador del proyecto de ley a Diputados y Senadores, logrando levantar contenidos y objeciones que le permitan llegar a un rápido acuerdo político. Desgraciadamente, ese acuerdo político se encuentra lejos de transformarse también en un acuerdo social.
