El proyecto de reforma constitucional busca aplicar un impuesto, por una sola vez, de un 2,5% sobre aquellas personas en Chile que posean un patrimonio bruto igual o superior a US $22 millones, con el que estiman generar US $6.500 millones para financiar renta básica de emergencia.
Si esta iniciativa es puntual y no permanente puede ser una herramienta para apoyar la situación económica. Sin embargo, posee falencias que deben ser consideradas si es que esperan obtener tal recaudación a 30 días desde la publicación.
Será necesario definir métodos para valorizar ciertos activos no transados y sin valor conocido, y pasos para identificar bienes ubicados en distintos países con y sin intercambio de información.
A nivel internacional, el impuesto al patrimonio no ha sido una opción: sólo 3 países OCDE lo mantienen desde la década del 90. Debiésemos enfocarnos en explorar opciones como la aplicación de impuestos renta a los servicios digitales, incentivos a repatriar capitales no declarados, incorporar más recursos para minimizar la evasión, entre otros. En Chile hemos incurrido en reformas tributarias, estallidos sociales y crisis que nos obligan a dar una señal al mundo de certeza tributaria y, así, generar confianza y atraer inversión.
