Apurar cuando hay consenso
Por Pablo Arias
Pablo Arias es Investigador de Acción Educar
Nuevamente en la discusión parlamentaria un proyecto de ley que goza de amplio consenso de parte de organismos técnicos y de la literatura internacional no ha logrado avanzar por motivos que escapan de lo educativo y se concentran en lo político. La exclusión escolar y la recuperación de las trayectorias escolares debe ser una política pública urgente dado el contexto de pandemia y las grandes brechas educacionales que ha provocado.
Tomando en consideración lo anterior, el Ministerio de Educación hizo un llamado a los senadores a avanzar en la tramitación del proyecto de ley de reingreso educativo, el cual fue aprobado hace más de un mes por parte de la Cámara de Diputados con 86 votos a favor.
La iniciativa en discusión busca reinsertar escolarmente a cerca de 150 mil niños y jóvenes entre 12 y 21 años que llevan más de dos años fuera de la educación formal, entregando apoyos pedagógicos, socioemocionales y técnicos pertinentes de acuerdo a las necesidades de los estudiantes.
Para dar cuerpo a la modalidad de reingreso, el proyecto de ley, que está en segundo trámite constitucional en el Senado y con suma urgencia, contempla en régimen una inversión de $37 mil millones de pesos, lo que se traduce en una subvención de $130 mil adicionales por cada estudiante. En el caso de los alumnos vulnerables, también se entrega una subvención extra cuyo monto alcanzaría aproximadamente los $60 mil pesos, además de recursos extras para alumnos de zonas rurales. A su vez, también se destinan fondos para la infraestructura haciéndose cargo de las mayores dificultades que supone el proceso de enseñanza de estos jóvenes.
No hay que olvidar que solo en el primer año de pandemia cerca de 40 mil estudiantes abandonaron el sistema escolar, cifra que se suma a los cerca de 186 mil niños y jóvenes que ya se encontraban fuera en el año 2020. A su vez, las cifras de la Casen evidencian que, para educación parvularia y básica, las tasas de asistencia disminuyeron, respectivamente, en nueve y siete puntos porcentuales.
A nivel de aprendizajes, los resultados del Diagnóstico Integral de la Agencia de Calidad de la Educación evidenciaron que entre 6° Básico y IV Medio, ningún curso logró el 60% de los aprendizajes esperados, porcentaje que en una equivalencia en notas es un 4.0, y que el 90% de los alumnos de enseñanza media reconoce que retrocedieron en sus aprendizajes durante el cierre de las escuelas. Factores que sin duda tienen un impacto en las probabilidades de desertar a futuro.
La literatura y cifras nacionales muestran que la deserción es un fenómeno multicausal y que requiere de apoyos trasversales en distintos niveles para combatirla. En tal sentido, los programas y políticas públicas que se han creado para disminuir la deserción muestran que cuando existe un buen clima escolar, soporte adecuado por parte de las familias y apoyos pedagógicos personalizados para estudiantes; es posible disminuir las tasas de exclusión escolar.
Con todo, el llamado es apurar la discusión y aprobación del proyecto de ley, el cual cuenta con el consenso de distintos organismos –como el Consejo Nacional de Educación, la Mesa Técnica para la Prevención de la Deserción, entre otros-, dando soporte en los ámbito socioemocional y pedagógico junto con focalizar recursos en aquellos niños y jóvenes que hoy más lo necesitan.
