La Cámara de Diputados despachó este miércoles al Senado la megarreforma de José Antonio Kast, el proyecto de Reconstrucción Nacional, con 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención. La jornada se extendió por más de cuatro horas y estuvo marcada por duros cruces entre el oficialismo y la oposición.
Pero más allá de los votos, lo que celebra La Moneda es otra cosa: los ministros de Interior, Claudio Alvarado; de Segpres, José García Ruminot; y de Hacienda, Jorge Quiroz —quienes siguieron la votación desde la sala— le cumplieron al presidente una petición expresa: que la reforma estuviese despachada antes de la Cuenta Pública para exhibirla como el gran triunfo legislativo de sus primeros 90 días de mandato.
El mandatario necesitaba que la Cámara despachara el proyecto esta semana, puesto que este jueves 21 de mayo es feriado y la próxima semana es distrital, lo que hacía de este miércoles la última oportunidad de sellar el triunfo antes de la Cuenta Pública del 1 de junio.
Como EL DÍNAMO reportó el 5 de mayo, el Ejecutivo definió la fecha del 20 de mayo hace más de dos semanas. La urgencia, sin embargo, no era solo protocolar. En ese entonces, el oficialismo acumulaba ruido interno —la disputa entre el jefe de asesores Alejandro Irarrázaval y el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, y los cuestionamientos a parte de su gabinete, situación que terminó con la salida de Trinidad Steinert y Mara Sedini—.
Con todo, y a sólo un día del doloroso cambio de gabinete, La Moneda pudo celebrar el triunfo en la Cámara, aunque no exento de costos.
El Ejecutivo logró aprobar el denominado “corazón” de la reforma: la rebaja del impuesto de primera categoría a las empresas de un 27% a un 23% en cuatro años (87 votos a favor), la reintegración del sistema tributario (82 a favor) y la invariabilidad tributaria de 25 años para inversiones desde US$50 millones (81 a favor). Los votos del Partido de la Gente —fruto de un acuerdo negociado en paralelo con el resto de la oposición— fueron decisivos para alcanzar ese margen.
Pero la oposición también anotó sus propios puntos. Logró aprobar una indicación para establecer la Sala Cuna Universal, ante la cual el ministro Quiroz respondió de inmediato con reserva de constitucionalidad. Y rechazó con amplísima mayoría el artículo 8, que pretendía permitir que sistemas de inteligencia artificial utilizaran obras protegidas sin autorización ni pago a sus autores.
Además, parlamentarios del Frente Amplio anunciaron reservas de constitucionalidad sobre decenas de artículos, abriendo la puerta a que sea el Tribunal Constitucional quien dirime la suerte de varios de los puntos aprobados.
Senado: sin PDG y con la DC cerrada se complica la megarreforma
Con el despacho consumado, el Gobierno enfrenta ahora un escenario notoriamente más complejo. En la Cámara Alta no existe el Partido de la Gente, el aliado clave que le permitió ampliar la mayoría en la Cámara Baja. Y el empate técnico entre oficialismo y oposición obliga al Ejecutivo a buscar votos en sectores que, hasta ahora, han respondido con un portazo.
La Democracia Cristiana fue la primera en cerrar la puerta. En una reunión conjunta entre sus bancadas de diputados y senadores —con la participación de los senadores Francisco Huenchumilla, Iván Flores y Yasna Provoste, y del presidente de la tienda, el diputado Álvaro Ortiz—, la falange acordó rechazar la idea de legislar en ambas cámaras. El motivo declarado: la falta de respuesta de La Moneda a una propuesta presentada por los diputados.
Ortiz fue contundente en su intervención en la sala: “Es una falta de respeto a esta Cámara que el Gobierno pretenda tramitar esta megarreforma solo en un par de semanas. Eso es inaceptable. Trató de pasar máquina”, dijo. Y agregó: “No queremos ser parte de esta forma de gobernar basada en ídolos como Trump, Bolsonaro o Milei”.
Con la DC descartada, el Gobierno apuesta por el Socialismo Democrático —PS, PPD y PL— como el bloque con quien dialogar en el Senado. La estrategia de los ministros Alvarado y García ha sido intentar fragmentar a la oposición: aislar al Frente Amplio y al PC, y convencer a los partidos de la ex Concertación de que actúen con mayor autonomía.
Alvarado fue explícito al respecto: “Se acerca el momento para que parlamentarios que representan al Socialismo Democrático, que provienen de la Concertación, que tienen una cultura y disposición al diálogo, puedan tomar sus propias decisiones al margen de la tutela del Frente Amplio y del Partido Comunista”, señaló el biministro de Interior y Segegob en El Mercurio la semana pasada.
La estrategia, sin embargo, ha tenido el efecto opuesto en sus destinatarios. El senador Gastón Saavedra, presidente de la Comisión de Economía del Senado y senador PS por el Biobío, rechazó las declaraciones de Alvarado y fijó la condición del PS para negociar en la Cámara Alta: que el Gobierno deje de gobernar por decreto.
“Me parecen desacertadas (las declaraciones de Alvarado). El ministro no tiene antecedentes para hacer ese tipo de afirmaciones y, además, si lo que busca es meter una cuña, se equivoca”, afirmó Saavedra a EL DÍNAMO. Y fue más directo al marcar la línea: “El Gobierno tiene que escoger: ¿gobierna por decreto o gobierna dialogando? Que lo elija”.
El senador Juan Luis Castro, jefe de la bancada del Socialismo Democrático, fue aún más directo en su diagnóstico sobre el escenario que viene: “Yo creo que esa propuesta que hace el ministro del Interior tiene que ver con que ellos en el Senado no tienen al Partido de la Gente”, afirmó.
De momento, las esperanzas del Gobierno están albergadas en que el senador Pedro Araya (IND-PPD) logre ser el puente con la bancada y abrir las puertas a una eventual negociación.
Sin embargo, el PS finalmente anunció que se plegará a las bancadas del PC, FA, y el PPD, y rechazará la idea de legislar la megarreforma.
“Hoy día la tarea se radica en el Senado. Aun cuando el gobierno intenta dividir a la oposición, acá está la oposición: firmes y en bloque para decir con mucha fuerza que vamos a votar en contra de la ley de los súper ricos”, indicó Daniella Cicardini.
Reservas de constitucionalidad y el TC como nueva arena
Mientras el Ejecutivo calibra cómo abordar el Senado, la oposición ya activó otra palanca. Los parlamentarios del Frente Amplio, en particular, anunciaron reservas de constitucionalidad sobre decenas de artículos del proyecto, con el objetivo de que el Tribunal Constitucional determine si los puntos aprobados son compatibles con la Carta Fundamental.
El artículo más relevante del cual se hizo reserva de constitucionalidad fue el 29, que establece la invariabilidad tributaria de 25 años para inversiones desde US$50 millones. Tras su aprobación, el diputado comunista Marcos Barraza fue el primero en anunciar la reserva, argumentando que la norma vulnera el artículo 4 de la Constitución —que define a Chile como una república democrática—, al que se sumaron los frenteamplistas Jorge Brito, Jaime Bassa y Matías Fernández.
El diputado Jaime Mulet (FRVS) también anunció que recurrirá al TC, señalando que la norma fue aprobada “de manera inconstitucional” y haciendo reserva tanto del artículo permanente como del transitorio.
El movimiento anticipa que, incluso si el Gobierno logra avanzar en el Senado, la batalla jurídica podría extenderse más allá del Congreso.
