Estando a muy pocas semanas de que termine la Convención Constitucional, podemos observar dos realidades muy contradictorias. Aquella que destaca los errores, conflictos, descalificaciones, posturas inflexibles y maximalistas que sin duda han existido, o el trabajo silencioso que ha ido construyendo acuerdos que buscan cambios respecto de la actual, pero sin echar toda la historia y experiencia por la borda, así como buscar la legitimidad social.
Para quienes vemos desde fuera, debemos ser reflexivos esquivando argumentos que buscan desestabilizar el proceso separando “la paja del trigo” en el proceso constitucional que resultó fruto del llamado “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”. Ha sido y será la expresión de un proceso democrático, y demostrará que los problemas de la democracia se curan con más democracia.
Para implementar este acuerdo eran necesarias reformas constitucionales que requerían la votación favorable de tres quintos (60%) o dos tercios (66,6%) de los parlamentarios en cada una de las cámaras del Congreso Nacional. El “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” fue aprobado con esos quórums calificados establecidos por la Constitución del año 1980 y sus modificaciones posteriores. La Reforma Constitucional fue respaldada por parlamentarios de gobierno y oposición y firmada por el entonces Presidente Piñera. Nadie puede argumentar que el trámite en el Congreso no haya sido democrático.
El primer paso para hacer efectiva la Reforma Constitucional fue plebiscitar su texto aprobado por casi el 80% de quienes votaron, siendo este acto el de mayor concurrencia a las urnas desde la implementación del voto voluntario. Nadie puede argumentar que el plebiscito de entrada no haya sido democrático.
El segundo paso consistió en la elección de convencionales que debía ser paritario y con escaños reservados para pueblos originarios. Un número significativo de candidatos de la política tradicional resultaron derrotados aún cuando algunos de ellos fueron quienes tuvieron los mayores gastos de campaña, mientras que personas desconocidas e independientes resultaron electos. Nadie puede argumentar que la elección de convencionales no fuera democrática.
Los contenidos que hasta hoy están aprobados por la Convención e incluidos en el borrador de Constitución han debido ser aprobados por dos tercios de las y los convencionales y así será con el texto final. Nadie tampoco puede decir que el proceso no esté siendo democrático.
El último paso consistirá en un plebiscito de salida en que la ciudadanía, esta vez con voto obligatorio, aprobará o rechazará el texto propuesto por la Convención Constitucional. Nadie podrá decir que el proceso en su totalidad no haya sido democrático.
Todo proceso de cambio y, sobre todo si se trata de una nueva Constitución, traerá aparejados cambios de paradigmas que sin duda afectarán privilegios obtenidos del orden que dejaremos atrás y se avanzará en mayores grados de justicia e igualdad.
Para quienes tenemos el convencimiento de que los problemas de la democracia se curan con más democracia, tenemos que mirar el bien común por sobre los intereses individuales.
