Hace unos días, AthenaLab publicó su tercera encuesta de Percepciones sobre Política Exterior y Seguridad Nacional. Este ejercicio, a pesar de su corta vida, ha venido a convertirse en una importante herramienta para los estudiosos e interesados en las relaciones internacionales en nuestro país. Además, incorpora en sus preguntas la segmentación de “expertos” y “población en general”, lo que permite contrastar las prioridades y percepciones de unos y otros, quedando en evidencia en qué materias hay sintonía y en cuáles no.
Aludo a esta herramienta, porque en tiempos en que carecemos de un consenso en materia de política exterior en el país, escuchar a los ciudadanos y a los especialistas es parte de un necesario ejercicio y ya existe una herramienta que lleva 3 años preguntando cuáles debieran ser nuestras prioridades en materia de política exterior, así como cuáles son las principales amenazas para nuestra seguridad, entre otras materias.
Desde la primera versión en 2020, el segmento “población en general” ha puesto en el lugar principal el combate al narcotráfico y crimen organizado como objetivo de nuestra política exterior. En el caso de los “expertos” este tema ha escalado del cuarto lugar en 2020, al segundo puesto en 2022.
Si tomamos la percepción de amenaza a nuestra seguridad, ambos segmentos ponen al narcotráfico y crimen organizado en el primer lugar a lo largo de las 3 versiones (2020-21-22).
Para los que habitamos en Chile, lo que refleja esta encuesta no es sorpresivo, pero no por eso menos potente. Todos hemos asistido a un dramático deterioro de la seguridad que está afectando la vida de millones de habitantes y esas personas, en materia de política exterior, están pidiendo que el Estado de Chile priorice el combate contra las causas más peligrosas de este fenómeno, entre las que se cuentan el narcotráfico y el crimen organizado.
Esta semana el gobierno del presidente Boric parece haber sintonizado con esta prioridad, al hacer una serie de anuncios desde Arica (donde como en otras ciudades, la tasa de homicidios se ha disparado). Siendo muy relevante que la máxima autoridad del país haga anuncios tan resueltos y categóricos, convocando a toda la institucionalidad del Estado para ese cometido, no es suficiente. Ya hemos escuchado a varios mandatarios y ministros diciendo básicamente lo mismo, y las cosas no han hecho sino empeorar. Sin perjuicio del complejo contexto político y económico actual, parte importante de esa degradación se debe a un diagnóstico doblemente errado: sobrevalorar las competencias estatales y menospreciar las capacidades criminales.
Así, básicamente se siguió haciendo lo mismo ante un fenómeno criminal cada vez más sofisticado y extendido por el territorio. El Estado va siempre tarde y además en una de sus responsabilidades básicas y justificativas de su propia existencia. Recordemos que en la teoría del contrato social los ciudadanos se asocian creando el Estado para que este vele por el bienestar general, protegiendo la vida y bienes de cada uno. Sin el Estado de Derecho, todo lo demás se desmorona, de ahí que hablemos de “estados fallidos”.
Lamentablemente, la gran preocupación que tenemos los chilenos es compartida por prácticamente toda la región. Los carteles de la droga se han convertido en una combinación de consorcios empresariales, con verdaderos estados al interior de los países, cuando no cooptan directamente toda la institucionalidad y se convierten en el verdadero gobierno, escalando desde los municipios al ámbito nacional. Los negocios lícitos, adquiridos y alimentados por sus ingentes e incesantes ingresos ilegales, no paran de expandirse, creando dependencia por su impacto en materia de empleo, tributos y control de empresas en áreas claves para la economía. El desarrollo de estos sofisticados imperios económicos se sustenta en última medida en la fuerza de verdaderos ejércitos. Estos protegen las operaciones ilícitas y a sus líderes, destruyen a quien no se doblega y amedrentan al resto. Lo que no se puede corromper, se elimina. Esto se conoció alguna vez como “plata o plomo” y lamentablemente sigue plenamente vigente en cada vez más lugares.
En las grandes urbes latinoamericanas, el narcotráfico ha ido tomando el control de los barrios marginales. Si ahí la acción del Estado apenas llegaba con anterioridad, una vez instalado el narco, su control ha pasado a ser casi total. Ellos imponen el orden y son el principal empleador. Cobran tributos e imparten justicia. Recuperar esos territorios exige un trabajo multidimensional y sostenido por varios años.
Además de todo lo anteriormente descrito, existe una creciente simbiosis entre crimen organizado, terrorismo y guerrilla, y en Chile estamos viendo el desarrollo y expansión de estos últimos grupos, fundamentalmente en la zona sur, ante la inoperancia estatal.
Por eso, siendo el enemigo tan poderoso, está claro que la simple acción nacional es totalmente insuficiente. Se requiere de la cooperación internacional y esta debe profundizarse y convertirse en una de las prioridades de la política exterior. ¿Qué y cómo hacerlo?
En primer lugar, se debe revisar nuestra participación en los mecanismos internacionales de combate al crimen organizado, entre los que se cuenta la Convención de Palermo y sus protocolos, la Convención de Naciones Unidos contra la Corrupción y el Convenio contra la Ciberdelincuencia. A partir de ahí tenemos que mejorar nuestras falencias, especialmente en materia de recursos destinados a los órganos involucrados, inteligencia policial y financiera, coordinación interna y con las contrapartes extranjeras y reforzamiento de nuestra legislación.
En materia legal, la prioridad debiera ser la recuperación de activos adquiridos por actividades ilícitas, como el narcotráfico, terrorismo o corrupción, a través del establecimiento de la institución de extinción del dominio o decomiso sin condena. La experiencia comparada nos muestra que la forma más efectiva de luchar contra el crimen organizado es privarlo rápidamente de sus recursos. Por eso, es inexplicable que en Chile aún no contemos con esa herramienta y que ni siquiera figure en las prioridades actuales.
También debiéramos reorientar la labor de las agregadurías policiales, concentrándose en todos los aspectos relacionados con este combate, así como fortalecer el trabajo en materia de seguridad con los países vecinos, con el mandato a nuestras embajadas de mantener esta prioridad, lo que debiera extenderse por razones obvias a otros países como México, Colombia, Venezuela y Ecuador.
Esta dimensión también podría potenciarse en nuestra agenda con Estados Unidos y con la Unión Europea, potencias que cuentan con una fuerte institucionalidad contra el crimen organizado y de las cuales, además de cooperación y asistencia, se puede acudir a su acervo y experiencia.
Otra idea en lo operativo es constituir una fuerza de tarea permanente para la cooperación internacional que incluya a las entidades y agencias más relacionadas como el tema como la cancillería, el Ministerio Público, las policías, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, Aduanas, la Dirección del Territorio Marítimo, la Unidad de Análisis Financiero, entre otros.
Por último, la decaída integración regional sin duda que tendría un tema urgente común en lo que se refiere a revitalizar la lucha contra el crimen organizado. Hay ahí también un espacio para impulsar una agenda, que nadie ha todavía levantado en estos últimos años y que podría abordarse en conjunto con el fenómeno migratorio (aunque son temas distintos, tienen muchos cruces como la trata de personas, el tráfico de drogas, la corrupción, el desplazamiento de grupos criminales, etc.).
En suma, los habitantes de Chile llevan al menos 3 años exigiendo que la política exterior se haga cargo de un grave problema que no solo amenaza su calidad de vida e integridad personal, sino que también pone en peligro nuestra democracia y la existencia misma de la república. El presidente Boric parece haber sintonizado con este clamor, pero si quiere tener éxito (aunque sea relativo considerando la complejidad del fenómeno), no puede prescindir de la cooperación internacional y eso pasa por incorporar el tema en nuestra política exterior en forma prioritaria.
Finalmente, y como parte de la misma ecuación: si no se adopta una óptica común desde el gobierno respecto del crimen organizado y sus ramificaciones o socios, como el terrorismo o la guerrilla, se estará borrando con el codo lo que se escribió con la mano. En otras palabras, la falta de voluntad para luchar contra los grupos terroristas y guerrilleros debilita la estrategia general contra el crimen organizado.
En la coyuntura en que vivimos, me atrevo a decir que el gobierno del presidente Boric será juzgado en buena medida por su éxito o fracaso en materia de seguridad.
