Fue apenas un murmullo. Un copper lanzado al pasar en una conferencia de prensa y Trump, fiel a su estilo, lo convirtió en consigna: “50% de arancel”. Sin papeles, sin informe, sin decreto. Solo una frase, una más de su repertorio de anuncios intempestivos. Pero esta vez, con una diferencia. Anoche, un día después de ese anuncio, confirmó que la medida va: Trump planea implementarla a partir del 1 de agosto. El problema es que, aún hoy, nadie sabe exactamente qué pretende gravar, a quién afectará ni cómo lo hará.
Sin embargo, el eco de esa amenaza ya se siente con fuerza. En Santiago, en Lima, en Washington. En los pasillos de la industria minera y en las oficinas del gobierno chileno. Porque, aunque los detalles brillan por su ausencia, el ruido es real. Todos lo sabemos.
El embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, ha tenido días intensos: reuniones con el Departamento de Estado, con empresas mineras, con embajadores de otros países que podrían estar en la misma situación. El mensaje que transmite es claro: golpear el cobre refinado es, sobre todo, golpear a Estados Unidos. Encarece la cadena productiva, amenaza los insumos clave de su infraestructura -hospitales, carreteras, paneles solares- y debilita su capacidad de competir en la economía del futuro.
Pero, aun así, no hay claridad. El famoso estudio “3×2”, encargado por el propio Trump a inicios de este año no ha sido publicado, pese a que se suponía que iba a estar listo hace meses. Sin ese documento, no hay forma de saber si el arancel apuntará a la chatarra, a los manufacturados, a los cables o a los cátodos refinados como los que exporta Chile. Por eso la incertidumbre no es solo política. Es estructural.
Desde la Cancillería se han activado todos los canales. Con la USTR, con Cochilco, con la International Copper Association. El mensaje es uno solo: el cobre chileno no puede ser tratado como cualquier bien más en una guerra comercial. Representa el 36% del total que importa Estados Unidos, y solo el 11% de nuestras exportaciones. Es decir: si Trump corta -o golpea- el vínculo, se arriesga a sí mismo. Porque Chile puede encontrar otros compradores, sobre todo en un momento en que la demanda por cobre no para de crecer. Estados Unidos, en cambio, no tiene nuevas fundiciones a la vista ni aliados con suministro tan confiable como el chileno, que lo ha abastecido sin conveniente alguno durante décadas.
Oponerse a los aranceles no es solo proteger a Chile. Es, de alguna manera, evitar un daño autoinfligido. El cobre es demasiado estratégico, demasiado insustituible.
Desde la Sonami, lanzan una propuesta bastante audaz: si Estados Unidos necesita cobre limpio y no quiere depender de China, ¿por qué no instalar sus fundiciones en Chile? Es una invitación lógica. Pero también un espejo incómodo: para atraer inversiones así, Chile necesita acelerar permisos, reducir incertidumbre política, despejar las sombras que aún arrastra tras los fracasos constituyentes.
Lo que hay detrás de este episodio es una señal de cómo está funcionando hoy la política global: al ritmo de una frase suelta, sin evidencia ni análisis técnico. Y ahí está el dilema. Cómo se gobierna, cómo se negocia, cómo se planifica, cuando todo puede cambiar por el humor de un solo hombre. De todos modos, mientras el anuncio no se concrete, aún hay espacio para mostrar que castigar al cobre chileno es como cerrarse el grifo del futuro.
