Las leyes no sirven si no se ejecutan ni se fiscalizan. Para eso se requiere institucionalidad y, sobre todo, voluntad política. En Chile, las herramientas existen, pero lo que falta es decisión para usarlas. Y el Gobierno, lamentablemente, ha dado señales claras de no querer hacerlo.
Un caso emblemático fue el de las licencias médicas fraudulentas y los 25 mil funcionarios que viajaron al extranjero mientras estaban en “reposo”. La Superintendenta de Seguridad Social tuvo todos los medios para fiscalizarlos, pero nunca actuó. Fue la Contraloría, con las mismas herramientas, la que cruzó datos y destapó el fraude. El costo del escándalo equivaldría a financiar unas diez Teletones. En menos de un año, Dorothy Pérez logró reposicionar a la Contraloría por hacer lo básico: cumplir su rol. No fue necesario tener un Contralorito twitteando para convencernos de que hacía su trabajo.
Lo peor del escándalo de las licencias es que muchos de esos funcionarios renunciaron antes de que los sumarios concluyeran, evitando así sanciones. ¿La estrategia? Evitar quedar con antecedentes, para así reubicarse prontamente en cualquier otro servicio público. La semana pasada, el propio subsecretario de Redes Asistenciales dijo que los sumarios se atrasarán porque deben volver a pedir los datos de los viajes a la PDI. Mientras tanto, los responsables siguen impunes y la salud se sigue desfinanciando. A esto se sumó la negativa de la ministra de Salud de fortalecer legalmente las facultades de la Superintendencia de Salud para multar a los funcionarios que renuncien con los sumarios pendientes. Su argumento: no está previsto en el Estatuto Administrativo. El Gobierno que prometió cambiarlo todo, no está disponible para cambiar lo que importa.
Y no es un caso aislado de falta de voluntad. Se están licitando test de drogas para las altas cúpulas de La Moneda. Pero el Ejecutivo solo está disponible para comprar tests de baja sensibilidad, justo cuando el país necesita señales firmes contra el narcotráfico. Afortunadamente, la FACH sí actuó estas semanas con decisión y logró incautar ketamina dentro de sus propias filas, aplicando controles eficaces a través de escáneres que sí funcionaron. El contraste es evidente.
En el sector justicia, basta buscar en Google el decreto que fija los aranceles notariales, para descubrir que lleva más de 20 años sin aplicarse. ¿Algún burócrata habrá fiscalizado la forma en que se cobran los servicios de fe pública? Hasta ahora, pareciera que no.
Mientras tanto, el Ejecutivo exige al Congreso levantar el secreto bancario para “fiscalizar” mejor los fraudes en el sistema financiero. Pero a solo metros del Parlamento, en las veredas de Valparaíso, el comercio informal opera con total impunidad: sin boleta, sin impuestos, sin sueldo mínimo, sin cotizaciones ni jornada de 40 horas. ¿Para qué pedir nuevas herramientas si no se usan las que ya existen? Ni hablar de las infracciones del ahora ex director del Servicio…
La mejor forma de ilustrar la relevancia de la fiscalización, es citando al diputado Leiva (PS), tras el escándalo por la liberación del sicario de Meiggs: “No me vengan con más leyes. Aquí todos los instrumentos están.” Lo que falta, simplemente, es voluntad.
