La evaluación preliminar del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) al proyecto de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) no solo expone riesgos fiscales importantes, sino que revela un patrón preocupante: la falta de rigurosidad técnica con la que este gobierno formula políticas públicas de alto impacto presupuestario.
El FES se presenta como la solución definitiva al Crédito con Aval del Estado (CAE), pero en vez de aprender de los errores del pasado, el Ejecutivo insiste en proyectar sus iniciativas con supuestos frágiles y sin mecanismos adecuados de verificación. Así lo evidencia el propio CFA al advertir, una vez más, que los informes financieros carecen de información clave: número estimado de beneficiarios, rentas proyectadas, supuestos sobre informalidad, tasas de cumplimiento y una definición clara sobre la naturaleza fiscal del instrumento.
Es decir, un déficit técnico inexcusable en una propuesta que comprometerá recursos públicos durante las próximas dos décadas. Peor aún, el Gobierno estima ahorros fiscales en base a criterios contables cuestionables. El mismo CFA plantea dudas respecto a la clasificación del FES como activo financiero, advirtiendo que su registro “bajo la línea” podría estar maquillando el verdadero impacto sobre el balance estructural del país. Y agregó que para que la eliminación de componentes, como la recarga del CAE, genere efectivamente un ahorro fiscal sobre la línea -como proyecta el Ejecutivo- es indispensable modificar la forma en que dichos desembolsos se registran actualmente en las cuentas fiscales.
Tampoco es menor el uso optimista de variables macroeconómicas. El Gobierno asume un crecimiento real de los salarios del 2% anual, pese a que la evidencia reciente —y el propio CFA— muestra una tendencia histórica inferior y episodios recientes de contracción. A esto se suman supuestos poco realistas sobre tasas de informalidad y comportamiento estratégico de las instituciones de educación superior, que podrían distorsionar completamente las proyecciones de ingresos y egresos del nuevo sistema.
La historia parece repetirse: se legisla primero y se corrige después. El Ejecutivo privilegia el titular antes que la solidez técnica, opta por reformas de alto impacto político, pero de bajo sustento financiero y, una vez más, somete al Estado a riesgos innecesarios en nombre de una ideología que desconoce los límites presupuestarios.
El CFA ha cumplido su rol con responsabilidad: identificar los vacíos, advertir los riesgos y exigir mayores estándares de evaluación fiscal. Lo preocupante es que el Gobierno, conociendo este historial de equivocaciones, insista en avanzar por la misma senda de improvisación técnica.
El país no necesita más reformas ideologizadas, sino políticas públicas bien diseñadas, fiscalmente sostenibles y socialmente responsables. La educación superior merece una solución estructural. Pero esa solución no se construye con buenas intenciones, sino con evidencia, transparencia y rigor. Hoy, lamentablemente, ese rigor sigue ausente.
