Chile ya conocer esta historia. La dictadura construyó El Castillo en La Pintana, la democracia levantó Bajos de Mena en Puente Alto. En ambos casos, el Estado cumplió con entregar viviendas, pero no barrios. Familias instaladas en territorios sin servicios, sin conectividad, sin seguridad. El resultado se repitió: estigmatización, abandono y la sombra del narcotráfico.
El fantasma reaparece por estos días: La Platina -el proyecto estrella del Plan de Emergencia Habitacional- enfrenta un escenario que suena familiar. Se trata de 4.500 viviendas, de las cuales el presidente Gabriel Boric ya inauguró más de 1.200 en agosto pasado. Son lindos departamentos. Amplios, con buen estándar, aislación térmica, plazas, ciclovías, huertos comunitarios. En el papel, un barrio modelo.
Pero la realidad es otra. Los terrenos reservados para un hospital de mediana complejidad, un CESFAM, colegios y comisarías siguen vacíos. La llamada “ciudad sanitaria” está proyectada, pero sin plazos ni recursos. Y la conectividad es casi cero: calles interiores inconclusas, paraderos inexistentes, micros que no pueden entrar. Tanto, que hoy los vecinos dependen de buses de emergencia que desvía la propia alcaldesa Claudia Pizarro, dejando a otras zonas de La Pintana desprotegidas.
El riesgo es claro. Benito Baranda, vecino de la zona y referente en políticas sociales, lo resume sin rodeos: cuando el Estado entrega casas sin servicios, el vacío lo llena el narco. Lo vimos en El Castillo, lo vimos en Bajos de Mena: promesas de escuelas, consultorios y seguridad que tardaron una década en cumplirse, mientras el microtráfico se instalaba primero.
Entonces, ¿qué está ocurriendo? El gobierno se apura en mostrar resultados. La promesa fue entregar 260 mil soluciones de vivienda y ya asegura un 80% de avance. Una cifra potente para la cuenta pública. Pero el tema es si esa presión por cumplir metas está empujando a repetir el error histórico de entregar casas sin su contexto.
No es un tema sencillo de zanjar. La autoridad se enfrenta con otra presión igual de fuerte: la de los comités de allegados. Familias que llevan años esperando, viviendo hacinadas, exigiendo su casa ahora, aunque los servicios lleguen después. Una demanda legítima, pero que tensiona la política habitacional hasta el límite.
La Platina está en el corazón de una comuna estigmatizada, entre Santo Tomás y El Castillo, dos de las zonas más violentas de La Pintana. Si el Estado no llega primero con salud, educación y seguridad, es probable que lo haga el microtráfico. El gobierno promete que esta vez será distinto, que en noviembre comenzarán a habilitarse los servicios. Pero los recursos aún no están, y el riesgo es que la historia vuelva a escribirse igual.
La casa es fundamental para cada familia. Sin embargo, la experiencia demuestra que no es suficiente por sí sola.
