En política fiscal la contabilidad creativa suele tener patas cortas. Sin embargo, hay quienes insisten en estirar las cifras como si el Excel soportara realidades alternativas. El Gobierno enfrenta la discusión de la Ley de Presupuestos y con ella la oportunidad —probablemente la última de esta administración— de sincerar los números, ordenar las cuentas y, de paso, recuperar algo de credibilidad fiscal.
Desde antes de la presentación del proyecto, se advertía la necesidad de contar con certeza en las cifras. La experiencia de los últimos años lo demuestra: proyecciones optimistas que luego deben corregirse, ingresos sobrestimados y gastos subestimados. Nada nuevo bajo el sol, aunque esta vez la auto complacencia técnica y política parecen haberse agotado.
El miércoles recién pasado, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) volvió hizo una impecable y preocupante exposición ante la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso. Sin dramatismo, pero con la precisión quirúrgica que caracteriza al Consejo, advirtió —una vez más— el complejo escenario que enfrentan las arcas fiscales y la urgencia de enmendar el rumbo. No fue un diagnóstico improvisado: las cifras hablan por sí solas. En su presentación se consigna que la Dipres proyecta para 2025 un incumplimiento de la meta de Balance Estructural de -1,6% del PIB y un resultado estructural de -2,2% del PIB, sin que se observen medidas adicionales de reducción del gasto. El CFA ya había anticipado un desvío similar en su último informe, estimando un déficit estructural de 2,1%. En otras palabras, las advertencias ya estaban sobre la mesa. Si hoy alguien se sorprende es porque antes no quiso mirar.
Por otro lado, las acciones correctivas anunciadas tampoco entusiasman. Se habló de un ajuste equivalente a 0,58% del PIB, pero a la fecha solo se han materializado recortes administrativos por 0,16% y otros por 0,12% que aún están en proceso. Medidas menores frente al tamaño del desafío y más bien cosméticas si se consideran los compromisos de gasto ya adquiridos.
El Consejo fue particularmente claro en otro punto: la urgente necesidad de recomponer los fondos soberanos. Especialmente el FEES que, al inicio del Gobierno, representaba cerca del 3% del PIB y hoy ronda apenas el 1,1%. No hubo pandemia, terremoto, ni crisis financiera internacional que lo justificara. Simplemente se gastó. Y mientras el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) también se reduce, la resiliencia fiscal del país se debilita.
Pero quizás el elemento más delicado está en el ámbito de los ingresos. El CFA advirtió sobre la incertidumbre en torno a la recaudación de la Ley de Cumplimiento Tributario, esa suerte de bala de plata con la que el Ejecutivo pretende financiar parte de sus compromisos. Mientras la Dipres estima que aportará 1,47% del PIB en régimen (2028), la evidencia del FMI muestra que reformas similares apenas alcanzan 0,5% del PIB. Si la realidad se parece más a la que señala el FMI que a la que indica la Dipres —como suele ocurrir— el déficit fiscal podría ser aún mayor.
El Consejo no solo diagnostica sino que también recomienda: trece reiteraciones y once nuevas sugerencias conforman una hoja de ruta que el Gobierno podría, al menos, leer antes de cerrar su último presupuesto. Entre ellas, destacan la necesidad de transparentar los supuestos de deuda bruta en la programación de mediano plazo, preservar el nivel prudente de endeudamiento (45% del PIB) y concentrar los eventuales ajustes en el gasto corriente, no en la inversión pública. Sensatez pura, pero poco fotogénica. También recordó que el FMI recomienda mantener el FEES entre 5% y 7% del PIB. Hoy no llegamos ni a la mitad de ese rango. ¿Será que las sugerencias internacionales solo valen cuando coinciden con la agenda del momento?
A estas alturas, más que una discusión técnica, lo que está en juego es la confianza. Una ley de presupuestos debe ofrecer certezas, no dudas. El artículo 67 de nuestra Constitución es explícito: si el Congreso aprueba un gasto pero la fuente de recursos es insuficiente, el Presidente deberá reducir proporcionalmente todos los gastos. Esa norma no admite interpretaciones creativas ni márgenes discrecionales.
El Gobierno ya presentó su último proyecto de ley de Presupuestos, pero aún tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de enmendarlo. Debe asumir las advertencias, revisar las cifras y volver a presentarlo con los números adecuados, sin maquillaje ni ilusiones contables. De no hacerlo, no será solo un problema de coherencia técnica, sino de responsabilidad política. Porque, al final, los números, a diferencia de los discursos, siempre terminan cuadrando.
