José Antonio Kast lleva meses repitiendo un mantra: seguridad, inmigración y empleo. Lo llama “gobierno de emergencia”. Y, hasta ahora, le ha funcionado. La agenda se le ordenó, las encuestas lo favorecen y su tono duro frente a la delincuencia mantiene sintonía con una ciudadanía cansada y molesta.
Pero detrás de ese relato disciplinado hay un vacío que empieza a hacerse visible. Porque cuando el candidato entra en terreno económico -o valórico- el suelo deja de ser tan firme.
La vieja disputa por los funcionarios públicos volvió a ponerlo en evidencia. El debate comenzó en marzo, cuando Evelyn Matthei aseguró que este gobierno había sumado 100 mil nuevos empleados al Estado. Siete meses después, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, reflotó la cifra y aseguró que, si se despedían esos funcionarios, el país podría ahorrar 3 mil millones de dólares.
El problema es que los números no calzan. Los nuevos funcionarios contratados directamente por esta administración son unos 7 mil, con un costo total cercano a 200 millones de dólares. Bastante menos espectacular que la promesa inicial.
Aun así, Kast no matiza. Prefiere insistir en la idea de una “auditoría general” al Estado, escritorio por escritorio. Porque incluso hay funcionarios de la Salud donde se podría meter tijera: sobre todo los que la Contraloría detectó que solicitaban licencias médicas para operar en el sector privado.
Pero el republicano no entra en los detalles, porque los detalles -en economía- obligan a asumir costos políticos.
Reducir 6 mil millones de dólares del gasto fiscal en 18 meses, como promete su programa, sin tocar gasto social, es un ejercicio difícil. Más aún cuando el 70% del presupuesto se destina precisamente a esas áreas. El resto son seguridad, defensa y obras públicas. ¿Está dispuesto Kast a cortar ahí?
Por ahora, la estrategia es clara: evadir el fondo y mantener el control del relato, concentrando toda la energía en los temas que generan más eco, dejando el resto en una nebulosa conveniente.
Mirándolo desde fuera, uno entiende por qué. Hablar de ajuste fiscal implica tocar intereses, y la agenda valórica puede incomodarlo y generar ruido, a menos de 40 días de la elección. En ese sentido, el silencio ha sido su mejor estrategia. Sobre todo porque lo que queda en el ambiente es que él sí va a poner un coto al clientelismo y la corrupción… y eso si que cala en la ciudadanía.
El problema es que el camino se va angostando. Los debates están a la vuelta de la esquina, y ahí las preguntas no se pueden esquivar. Kast tendrá que explicar con números cómo se concreta su promesa de ahorro, y también responder sobre género, derechos y libertades.
