La frase del presidente Gabriel Boric sobre las AFP no es una contradicción. Es una definición política. En entrevista con Súbela, al referirse a la reforma previsional, afirmó: “Nosotros, como coalición de gobierno y en particular desde el mundo del Frente Amplio, seguimos con la convicción de que hay que terminar con las AFP. Uno no renuncia a sus convicciones por llegar a acuerdos. Pero entiende que las condiciones de posibilidad no permiten avanzar al cien por ciento de lo que uno quiere”. En esa afirmación, Boric separa con nitidez lo que cree de lo que hizo como presidente. No es un problema retórico: es una forma de entender el poder y de proyectarse políticamente a sí mismo.
El presidente Boric gobernó con límites. Minoría parlamentaria, alta fragmentación, un Congreso con incentivos a la diferenciación y una evaluación ciudadana que redujo su margen de maniobra. Esos factores estructurales explican por qué el gobierno negoció, ajustó y priorizó. No fue una debilidad personal ni una inconsistencia ideológica: fue la condición real de ejercicio del poder.
En ese contexto, gobernar implicó hacerse cargo del problema y no de imponer una “solución ideal”. Los avances en pensiones, seguridad y agenda social no respondieron al diseño original del Frente Amplio, sino a lo políticamente posible. Ese ejercicio constituye un aprendizaje político relevante.
El riesgo aparece cuando ese aprendizaje no se incorpora como parte del proyecto futuro. Al afirmar que la convicción permanece intacta y que la gestión fue solo una adaptación circunstancial, instala la idea de que gobernar no transforma las ideas, solo las posterga. Que el poder no enseña, sino que limita. Esa lectura abre el camino a una oposición que se posiciona desde la reivindicación de lo que no se pudo hacer.
Ahí se instala el dilema estratégico del progresismo: ¿para qué sirve una convicción que solo puede sostenerse fuera del poder? Si las ideas no se reordenan después de cuatro años de gobierno, la oposición corre el riesgo de volver al mismo lugar del que partió: diagnósticos, soluciones maximalistas y baja capacidad de incidencia real.
Este dilema se vuelve crítico en el próximo gobierno del presidente José Antonio Kast, cuya promesa no es identitaria ni programática, sino operativa. Emergencia, urgencia, resultados inmediatos. Mientras el progresismo debate qué convicciones mantener intactas, Kast instalará que gobernar es resolver lo concreto: la seguridad del barrio, la lista de espera del hospital, el crecimiento que genera empleos. En ese contraste, una oposición que reivindica principios sin demostrar capacidad de gestión no será una alternativa: será la confirmación de por qué perdió el poder.
En ese escenario, el tipo de oposición que construya el progresismo será decisivo: ¿será una que prioriza la batalla cultural, que busca reinstalar los marcos que perdió en el gobierno? ¿O será una que se construye desde los territorios junto a sus alcaldes, desde la demostración de capacidad de gestión concreta? La frase del presidente Boric sobre las AFP anticipa por dónde se inclina: hacia la reivindicación de convicciones, no hacia la síntesis de aprendizajes. Ese camino es cómodo para el sector, pero riesgoso para su relevancia futura.
Una oposición construida desde la pureza ideológica no enfrenta a la derecha dura: la fortalece. Le entrega el monopolio de la eficacia, de la capacidad de ejecución y de la acción concreta, le ofrece, en fin de cuentas, un adversario cómodo.
Si el progresismo concluye que gobernar fue solo un paréntesis incómodo entre dos momentos de oposición, no solo habrá perdido el gobierno. Habrá perdido credibilidad histórica. Porque la ciudadanía y sobre todo el votante obligado, no premia la coherencia abstracta. Premia a quienes demuestran que saben resolver problemas. Si la convicción no aprende del poder, deja de ser proyecto y se convierte en refugio.
