Murió Jürgen Habermas a los 96 años. Su partida no es solo el cierre de una trayectoria intelectual excepcional, sino también una oportunidad para volver sobre una pregunta que atraviesa toda su obra ¿en qué se funda, realmente, la legitimidad democrática?
La respuesta que ofrece es exigente. No basta con que las leyes existan ni con que sean eficaces; deben poder ser aceptadas por quienes están sujetos a ellas.
Esa tesis descansa en una tensión difícil de resolver. Las democracias modernas se organizan en torno a derechos, instituciones, procedimientos y legalidad, pero su funcionamiento efectivo depende de algo que no pueden producir por sí mismas: la disposición de los ciudadanos a obedecer las normas, participar en su formación y sostenerlas en el tiempo. El Estado puede garantizar reglas; no puede generar por coerción las convicciones que las hacen viables.
Ese es el núcleo del argumento de Habermas. Una democracia puede ser formalmente correcta y, sin embargo, debilitarse si quienes viven bajo sus normas dejan de reconocerse en ellas. La legitimidad no se agota en el procedimiento; requiere también un mínimo de adhesión práctica. No basta con que las decisiones sean válidas: tienen que poder ser sentidas como propias.
Ese vínculo —la posibilidad de reconocerse en lo que se decide— se construye en la esfera pública: el espacio donde se forman opiniones, se confrontan argumentos y las decisiones pueden ser sometidas a justificación. No es una institución, sino una práctica sostenida en el tiempo. Cuando esa práctica se debilita, la democracia conserva sus mecanismos, pero pierde el lugar donde se forma su legitimidad.
No es necesario suscribir completamente esta mirada para reconocer su valor. Puede discutirse si la estabilidad democrática depende también de otros factores —el desempeño institucional, los incentivos, el equilibrio de poder—. Pero incluso desde esa distancia, la advertencia es difícil de descartar: cuando se erosionan las prácticas de justificación pública, no solo se resiente la discusión; se debilita el vínculo que hace posible la vida democrática.
Ese desgaste no es solo teórico. Se expresa en formas reconocibles. Primero, en la participación. La política se ha ido reduciendo a optar entre alternativas ya definidas —candidatos, programas, reformas—, donde el margen de intervención es acotado. Se vota, se opina, se reacciona, pero rara vez se incide. El ciudadano queda más cerca del destinatario que del coautor.
Segundo, en el lenguaje de la discusión pública. Los argumentos ya no se enfrentan en un mismo plano. Conviven registros técnicos, morales e identitarios que no dialogan entre sí. El resultado no es una discusión que avance, sino posiciones que se superponen sin realmente desafiarse.
Tercero, en el lugar donde se toman las decisiones. Ámbitos cada vez más amplios de la vida social se resuelven en espacios donde la discusión no pesa y se decide sobre otros sin escucharlos. No es que no haya decisiones; es que se debilita la percepción de que participar tenga efectos reales.
En todos estos casos, el problema no es estrictamente institucional. Es de otra naturaleza: la pérdida de condiciones para que las decisiones puedan ser reconocidas como propias. Ahí es donde la reflexión de Habermas mantiene su vigencia. No porque ofrezca una respuesta definitiva, sino porque obliga a volver sobre la pregunta. ¿Qué ocurre cuando la democracia sigue funcionando, pero deja de sentirse como propia?
