La letra chica de la reforma de las isapres
De no modificarse, veremos a las autoridades celebrando un supuesto triunfo para la clase media, pero sin advertirles de la letra chica que esta vez consiste en que el próximo mes de marzo, cuando estén asumiendo las nuevas autoridades, una nueva carta de adecuación estará llegando a sus domicilios. Aunque ahora con un sello de aprobación de la Superintendencia de Salud.
Por Francisco CamposSeñor director:
La semana pasada el Gobierno ingresó al Senado una indicación que acabaría con las alzas unilaterales de las isapres de manera permanente. Fue el mismo ministro de Salud quien lo festejó en pleno reporte sanitario, buscando la mayor sintonía posible. No obstante, estamos frente a una nueva letra chica del Gobierno en materia de isapres.
No miente el ministro al decir que se acabaría con las alzas unilaterales porque el proyecto establece que sería la Superintendencia de Salud, dependiente del Gobierno de turno, la que se encargaría de establecer las alzas anualmente. Es decir, las alzas serían ahora fijadas y visadas por la misma autoridad que tiene la facultad para resolver los conflictos entre isapres y afiliados. Juez y parte.
La indicación no es nada nuevo, fue en el año 2012 cuando las isapres comenzaron a inquietarse por miles de sentencias en su contra cuando la Superintendencia estableció el primer IPC de la Salud que pretendía establecer un cálculo real de los costos en salud de modo que las isapres ajusten sus precios a esta referencia. Las Isapres festejaron esta medida y acudieron en masa a los Tribunales alegando que sus alzas estaban ahora sustentadas por la autoridad. Claro está, no hubo mención de que las mismas isapres son capaces de manipular este índice de referencia al estar verticalmente integradas con clínicas y centros médicos.
Lo que suponía ser un final feliz para las isapres no logró su objetivo gracias a los Tribunales Superiores de Justicia que plantearon sus dudas en la determinación del IPC de la Salud y señalaron que los costos ya estaban integrados en el reajuste del IPC, declarando nuevamente ilegal esta alza. Tras este portazo, el índice desapareció por varios años mientras se prometía una y otra vez un proyecto de ley que acabaría con este problema. A inicios del año pasado, la Superintendencia intentó revivir el índice con un nombre nuevo y más pretencioso, el IRCSA (Indicador Referencial de Costos de la Salud). El resultado de su aplicación fue el mismo. La Justicia mantuvo su criterio inalterable.
La tercera es la vencida, deben pensar ahora las isapres, y puede que tengan razón. Ninguno de los miembros de la Comisión de Salud del Senado cuestionó que las isapres conserven la facultad anual de adecuar sus precios más allá del IPC. Tampoco ninguno de ellos recordó que se han dictado más de 1.000.000 de sentencias en contra de las isapres y que tal vez sea una buena idea escuchar lo que los tribunales han venido repitiendo hace más de diez años.
De no modificarse el proyecto actual, veremos en los próximos días a las autoridades celebrando un supuesto triunfo para la clase media, pero sin advertirles de la letra chica que esta vez consiste en que el próximo mes de marzo, cuando estén asumiendo las nuevas autoridades, una nueva carta de adecuación estará llegando a los domicilios de los cotizantes. Aunque ahora con un sello de aprobación de la Superintendencia de Salud.
