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Parque de diversiones de la familia Kast es cuestionado por permisos ambientales y accidente de trabajador haitiano

La investigación aborda cuestionamientos por el inicio anticipado de las obras, un accidente laboral que afectó a un trabajador haitiano y el proceso de tramitación de los permisos ambientales.

Una investigación dio a conocer nuevos antecedentes sobre el denominado Centro de Eventos y Cultura Parque Zandia, un parque de diversiones impulsado por la familia del presidente José Antonio Kast en la comuna de Paine.

El reportaje de El Mostrador sostiene que las obras comenzaron antes de obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), además de exponer un grave accidente laboral que afectó a un trabajador haitiano.

De acuerdo con la publicación, el Comité Ambiental Comunal de Paine denunció en 2020 ante la Superintendencia del Medio Ambiente que el proyecto presentaba un avanzado estado de construcción pese a que su Declaración de Impacto Ambiental recién había sido declarada admisible ese mismo año. Los vecinos solicitaron la paralización de las faenas y cuestionaron que las obras se desarrollaran sin contar con la autorización ambiental correspondiente.

Parque de diversiones de la familia Kast es cuestionado

La investigación también reconstruye el accidente sufrido el 14 de octubre de 2019 por Donald Georges, un trabajador de nacionalidad haitiana que participaba en labores de construcción dentro del recinto.

Según la demanda laboral citada por el medio, mientras junto a otros operarios movía carros de una montaña rusa, el mecanismo se activó inesperadamente. “Debido a lo repentino de la activación… no pude reaccionar a tiempo y el primer carro me botó de espaldas y me pasó sobre ambas piernas”, declaró el afectado.

El reportaje indica que Georges sufrió al menos siete fracturas y, tras varios meses de rehabilitación, quedó con secuelas permanentes. Posteriormente presentó una demanda por daño moral contra empresas del holding familiar, en la que acusó múltiples incumplimientos en materia de seguridad laboral. El proceso judicial finalizó en 2021 mediante un avenimiento entre las partes.

La investigación también denunció la tramitación posterior del proyecto y el rol de Arturo Farías, quien como director regional metropolitano subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental participó en distintas etapas del proceso. Bajo esa administración se otorgó la Resolución de Calificación Ambiental favorable al proyecto en 2022. Este año, Farías fue designado por el Presidente José Antonio Kast como director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental mediante el mecanismo conocido como “bala de plata”.

Consultado por El Mostrador, el representante legal del proyecto, César Barrales, evitó referirse al juicio laboral por tratarse de “un asunto privado e información personal y confidencial”. En cuanto a la tramitación ambiental, afirmó que los permisos comenzaron en 2020 “con estricto apego a la legislación y exigencias de las correspondientes autoridades”. Además, señaló que esperan inaugurar el recinto antes de que finalice el año.

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