La tarde de este viernes, el Gobierno interpuso una querella por la Ley de Seguridad del Estado en contra de 22 personas, quienes estarían identificados en un documento elaborado por el Ministerio del Interior. En éste, sin embargo, no saldrían nombrados los dirigentes del movimiento en Aysén.
Cerca de las 14:00 horas, y en el más absoluto secreto, una abogada de la Intendencia Regional llegó a interponer el requerimiento en el Juzgado de Letras de Puerto Aysén.
Ahora, el juzgado tiene 24 horas para resolver el aspecto formal del requerimiento. Tras ello, la causa podría ser derivada al Ministerio Público para que un fiscal inicie la respectiva investigación.
El ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter aseguró hoy que la Ley de Seguridad del Estado se aplicará en Aysén a las personas más violentas y no contra los dirigentes sociales.
“Ayer el gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado para los activistas más violentos y más ultras de la Región de Aysén. El gobierno ha presentado una acción judicial para que intervenga el Ministerio Público y los jueces. Se ha sindicado e individualizado a los activistas más ultras. Nunca ha sido una acción judicial dirigida contra los dirigentes sociales”, explicó el secretario de Estado.
