Más de 16 millones de pesos deberá pagar el Gobierno luego de invocar en marzo pasado la Ley de Seguridad del Estado en la región de Aysén y querellarse contra 21 dirigentes del Movimiento Social.
Así lo determinó el juez Patricio Silva, titular del Tribunal de Letras, Garantía y Familia de Puerto Aysén, quien, en una publicación de Emol, dictaminó “las costas del juicio” a las que fue condenado el Ministerio del Interior.
El magistrado decidió fijar en 20 UTM ($ 792.980) el pago de las costas para cada uno de los querellados, lo que suma en total la suma de $16.652.580.
La resolución podría ser apelada por parte de los abogados del Ministerio del Interior. En tal caso la situación deberá ser analizada por la Corte de Coyhaique.
