Luego de las irregularidades puestas en evidencia tras la segunda autopsia realizada a Hernán Canales -atropellado el 18 de septiembre pasado por Martín Larraín, el hijo del senador Carlos Larraín- el jefe (s) del Servicio Médico de Parral, Mario Peña y Lillo, se defendió de las acusaciones de haber sido “comprado” para entregar resultados falsos.
“No soy doloso ni soy un delincuente”, manifestó Peña y Lillo, insistiendo en que la descripción que realizó en su informe “la hice honestamente“, aunque quizás “no con la acuciosidad que se hizo después“.
Con anterioridad, el médico forense Luis Ravanal, contratado por la familia de Héctor Canales, afirmó a Emol que la primera autopsia nunca se había realizado.
El informe que firma Peña y Lillo señala que “aún con socorros médicos oportunos y eficaces, era imposible salvar su vida” (de la víctima), conceptos que han sido totalmente rechazados por la parte querellante.
Éste reporte “se hizo bajo el modo habitual”, indicó el legista agregando además que “lo más probable es que haya todo un contexto político” en el caso.
“Hice lo que debía, pero fue un caso connotado y me tocó a mí estar entremedio”, lamentó el profesional, quien sostuvo no tener un abogado que lo represente, ya que “no he cometido ningún delito y no tengo por qué estar ocultando información. Llevo 20 años haciendo lo mismo”, enfatizó.
Peña y Lillo finalizó descartando haber recibido recibido presiones externas. “Nadie me ha contactado ni comprado“, indicó.
