El Senado aprobó, por 23 votos a favor y 12 en contra, establecer sanciones administrativas, civiles y penales para los sostenedores que lucren con la educación.
Si bien en un primer momento se rechazó la propuesta de la Cámara de Diputados de castigar con cárcel el lucro con fondos públicos, se dio el visto bueno al artículo que establece una escala de sanciones.
De este modo, quienes destinen recursos públicos para fines que no guarden relación con la educación estarán en la obligación de devolverlos al establecimiento educacional, además de recibir una multa de la Superintendencia de Educación equivalente al 50% de la cifra involucrada.
Junto con ello, se recalca que “dichos montos en ningún caso podrán ser descontados ni pagados con cargo a cualquiera de los recursos públicos u otros que perciba el sostenedor en su calidad de tal”.
“Las infracciones cometidas en el uso de los recursos generarán, además, las responsabilidades civiles y penales que el ordenamiento jurídico dispone. En este caso, la Superintendencia o el Servicio de Impuestos Internos deberán denunciar al Ministerio Público los hechos de que tomen conocimiento para los fines correspondientes”, consigna la iniciativa.
Esta nueva norma fue duramente criticada por la Alianza, ya que según el senador UDI Hernán Larraín, la redacción del artículo genera confusión.
“Quiero reiterar que esta norma tiene problemas estructurales significativos porque el tipo penal que se está configurando no queda claro ni desarrollado en esta ley y eso puede constituir una ley penal en blanco (…) no me parece que sea una norma conveniente ni sana tal cual está redactada. De eso estamos hablando, de una cuestión estrictamente técnica que para el derecho penal no parece del todo conveniente”, declaró a La Tercera.
