“La política empezó a contaminar la economía”, indicaba el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés hace tiempo, en junio, al analizar la contingencia fiscal del país, ya que la discusión en términos tanto de reforma tributaria como laboral -y el dogmatismo tan criticado desde el sector privado- habrían provocado desconfianza en potenciales inversores en el país. Como si se tratara de una relación causa y efecto, se presentó un pobre Índice Mensual de Actividad Económica de mayo, cuya cifra se reveló en julio: un 0,8%. La menor expansión en 9 meses.
Las discusiones que permearon la confianza tenían que ver con la gradualidad con la que se llevaba adelante el programa de la Presidenta Michelle Bachelet, mientras algunos planteaban que se debía ser más pragmáticos a causa del devenir económico, otros incluso -partiendo por el PPD- condicionaban su permanencia a la Nueva Mayoría si es que no se concretaban las reformas.
En un intento de dar orden, la mandataria se reunió con su gabinete entero, e intentó instalar el “realismo sin renuncia”, el que tuvo que ser especificado este lunes ante gran parte del conglomerado oficialista. Las lecturas fueron dispares: el discurso no había cambiado mucho considerando que desde hace poco más de un mes el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, adelantaba que se “priorizarían” y “jerarquizarían” aspectos del programa.
Y esto porque la mandataria, en el cónclave de hace cuatro días, no remarcó la “gradualidad” esperada, así como tampoco especificó medidas para reactivar la economía, aspectos que han sido defendidos con fuerza tanto por su ministro de Interior, Jorge Burgos, como por el mismo Rodrigo Valdés. Hubo confusión. Es más: Burgos debía dirigirse a la testera para entregar su discurso, pero optó por hacerlo sentado, lo que fue interpretado como una señal de “desacuerdo” con el discurso de su jefa.
Incluso se pensó que se debilitaba la posición de los mencionados secretarios de estado, quienes el miércoles salieron, uno al lado del otro, para desestimar las críticas al cónclave e intentaron instalar las ideas de “gradualidad, diálogo y prudencia”.
Bachelet tuvo que echar pie atrás a su postura, primero con un acto interpretado como gesto político al sumarse a una reunión en el ministerio de Interior, donde también estaba el titular de Hacienda. Y luego, enfatizando los conceptos mencionados el miércoles por sus ministros, la mandataria indicó que “todas nuestras decisiones responden a un sentido de responsabilidad, en que debemos ser transparentes en reconocer lo que se puede hacer en el corto plazo y lo que se debe hacer más gradualmente”.
Los cambios de discurso podrían deberse a un “contexto de incertidumbre”, que si bien son palabras que se han repetido a lo largo de la gestión de Bachelet, esta vez no son críticas ni de los partidos ni concretamente del sector privado. Fue el Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad dirigida por la economista Christine Lagarde (en la foto) que planteó que Chile debería implementar cuidadosamente sus reformas, ya que a juicio de la entidad, existe “debilidad más persistente de la confianza del sector privado y la inversión”.
Incluso, en su artículo IV, donde la entidad hace este tipo de análisis menciona gran parte de las reformas estructurales planteadas por la actual administración: tributaria, laboral, educacional y a la Constitución. “Si se implementan bien, estas reformas podrían estimular la productividad y el crecimiento a largo plazo, pero el encarecimiento del capital y la complejidad del nuevo régimen impositivo probablemente tendrán un efecto negativo en la actividad económica a corto plazo. Además, las reformas constitucional y del mercado laboral anunciadas parecen haber acrecentado la incertidumbre del sector privado”, precisan.
El escenario da para que el gobierno empiece a concretar esta “gradualidad”. El ministro de Hacienda precisaba el 6 de julio, junto con las “malas noticias” económicas, que la reforma tributaria tendría “ajustes técnicos (…) no habrá reforma a la reforma”, mas la próxima semana debieran discutirse estos nuevos cambios en Congreso, según La Tercera.
El presidente de la DC, Jorge Pizarro, precisa a El Dínamo que se harán “todos los ajustes que sean necesarios para corregirla, lo dijo con claridad tanto la Presidenta, como Hacienda e Interior”. También agrega que en la Nueva Mayoría “no hay dos opiniones, ya que la situación económica es delicada” y adelanta que esta gradualidad -pregonada por el nuevo núcleo duro político del gobierno- “se va a reflejar en la implementación de reformas sociales por los recursos, así como también la reforma tributaria que va a sufrir modificaciones”.
Falta que se aclare la confusión. Falta que se empiecen a discutir estos diversos ajustes para ver si de verdad no hay dos opiniones en el conglomerado oficialista, así como también si es que la facción más radical del oficialismo, que buscan que el programa se cumpla a ultranza, aguanta esta gradualidad sin renuncia.
