Revelan mails del “cartel del confort”: “No me discutas que el alza no se concretó o que fue insuficiente…”

Los gerentes y ex ejecutivos involucrados en la colusión de las empresas papeleras comenzaron a “armarse” para enfrentar el proceso que deberán enfrentar, después de ser requeridos por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), quienes acusan que la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y la firma SCA (antes llamada PISA) se pusieron de acuerdo para fijar y alzar los precios de papel higiénico, pañuelos y servilletas, entre otros, a lo largo de cerca de 10 años.

Ambas firmas habrían sido notificadas del requerimiento, por lo que dispondrían de 20 días hábiles para que ambas empresas pudieran hacer sus descargos.

Las discusiones que se vienen a nivel empresarial tienen que ver con si CMPC, del grupo Matte, se autodenunció ante la FNE, sin haber tenido en consideración el que evitarían la multa que el ente persecutor está facultado para cursar.

Lo que ocurre es que el mecanismo de la “delación compensada” -una empresa se denuncia y colabora en una investigación de “carteles” empresariales, como los remedios o los pollos- da beneficios, como el evitar una multa. CMPC lo hizo en marzo de este año, en tanto que la FNE estaba investigando desde finales del 2014. SCA lo hizo más tarde, y si bien comenzó a colaborar, se solicitó una multa de cerca de 15 millones de dólares en contra de ellos.

Ahora, la estrategia ante el Tribunal de la Libre Competencia busca demostrar “quién inició la colusión” o “quién obligó a quién”. Si SCA -empresa sueca de alcance mundial- logra demostrar que CMPC, de mayor tamaño en el mercado chileno en el rubro de los productos derivados del papel, muy probablemente también quedará sujeta a una multa, cuyo máximo se alza por los 23 millones de dólares.

Para evitar esto, CMPC busca además demostrar que no se autodenunció para evitar la multa, y una de las ideas, de acuerdo describe El Mercurio, sería efectuar una donación por el mismo monto máximo de la sanción a una institución de beneficencia.

Los correos que demuestran la colusión

“Te adjunto archivo con los precios del canal tradicional, en el cual seguimos viendo grandes distorsiones en los precios acordados. El “parity” de Hig. Económicos no figura por ningún lado, así que te agradeceré que revises el tema con urgencia”. De esta forma los Ejecutivos involucrados en la colusión se ponían de acuerdo en la fijación de los precios, según revelan una serie de correos que publica hoy La Tercera.

Éste era uno de los mecanismos, que por su sofisticación, de acuerdo a la FNE, reflejan que los ejecutores y participantes del cartel estaban al tanto de las características ilícitas de lo que estaban realizando.

Estos correos electrónicos, creados y usados entre los años 2007 y 2008, fueron utilizados por ejecutivos de las dos empresas. Los de la CMPC usaron “encripta@hotmail.com”, inscrito con el nombre de fantasía de “Mario Soto”, y “tororedondo@hotmail.com”, que tenía por usuario a “Macnelly Morales”. Estos escribían a su vez a quienes eran los ejecutivos de la Ex Pisa, quienes recibían la información en la cuenta “ppmm12@gmail.com”.

El primer correo expuesto tiene por asunto “PRECIOS (sic)”, y cuenta con un archivo adjunto llamado “comparativo precios canal tradicional al 03 dic. 2007”, que es una planilla de excel.

Este correo, enviado el 7 de diciembre de 2007 a medio día, refleja el conocimiento que los involucrados tenían tanto del mercado como lo que querían lograr: “Esto se suma a la distorsión que has tenido en el canal supermercados y al ‘grave’ error que tuvo Jumbo. Por favor no me discutas después que el alza no se concretó o que fue insuficiente”.

En otro mail, del 30 de noviembre del 2007, y por “Mario Soto” (de la CMPC) indica que los acuerdos no se estarían cumpliendo: “Te adjunto archivo con la ‘realidad’ del mercado al día de hoy. Como puedes ver, estás tremendamente desposicionado (frase destacada en el mail) en relación a lo conversado… se ve que te aprovechaste de fin de mes… Hablemos urgente de este tema”.

El proceso iniciado tras el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica podría tomar más de un año. Además, en la parte penal, como los antecedentes se remontan hasta antes de la reforma procesal penal, que dio paso a la creación del Ministerio Público, esta investigación podría ser llevada por la justicia antigua, con un juez que radicaría la causa en el 34 juzgado del crimen en Santiago.