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26 de Abril de 2016

Bienes Nacionales asegura que la Dictadura le pasó 135 propiedades a CEMA Chile

Además, se cuentan 17 concesiones públicas a cargo de la fundación que encabeza la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart. Además, la Corte de Apelaciones nombró a Javiera Gónzalez como ministra en visita extraordinaria para investigar el presunto delito de malversación de caudales públicos.

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“Hemos encontrado una nueva propiedad fiscal que fue transferida gratuitamente a la fundación CEMA Chile, en Chile Chico, con lo que ya sumaría 135 las propiedades que fueron transferidas gratuitamente”, indicó en esta jornada el ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, respecto del total de inmuebles que fueron otorgados por la Dictadura de Augusto Pinochet a la fundación encabezada por su viuda, Lucía Hiriart.

Este caso apunta a indagar posibles delitos en el uso de estas viviendas, ya que la institución está estructurada como una fundación sin fines de lucro, por lo que no podía utilizar para arriendo o venta los inmuebles entregados por el estado.

El caso ha cobrado revuelo desde que se supo que la Plaza de Armas de Paine era de propiedad de la fundación, junto con unos paños, que se estimaban municipales, de La Reina de Peñalolén.

Además, desde el ejecutivo afirman que hay 17 concesiones públicas a cargo de la fundación de la viuda de Pinochet, de acuerdo a Radio ADN.

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También hemos logrado precisar un catastro de inmuebles que fueron entregados en concesión de uso gratuito, esto se trata de un mecanismo de gestión del ministerio en donde los inmuebles continúan siendo fiscales por lo que estamos en condiciones de colocar fin a estas concesiones”, indicó el ministro Osorio, por lo que no descartó interponer acciones civiles que busquen configurar la nulidad de estas transferencias de las propiedades del Estado a la fundación.

Además, el pleno de la Corte de Apelaciones nombró a Javiera González como ministra en visita extraordinaria para investigar la existencia del presunto delito de malversación de dineros públicos, como arista del caso Riggs. Todo esto, según El Mercurio, tras una petición del Consejo de Defensa del Estado, después de que la Corte ordenara la reapertura del sumario.

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