Mil millones de pesos costaron los informes que el empresario Gonzalo Vial Concha compró a la consultora Caval, de propiedad de Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, y el relacionador público Mauricio Valero.
Sin embargo, en una querella en contra de la firma, el abogado Luis Hermosilla plantea que los reportes comprados por Vial Concha habrían sido copiados de otros escritos presentados en la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Rodrigo Henríquez, uno de los representantes de Compagnon, indicó que los informes fueron revisados por el empresario y fueron pagados.
El punto es que la solicitud del empresario está siendo revisada por el fiscal del caso Caval, Sergio Moya, uno de los persecutores que está desde el inicio de esta intrincada trama, generada por el proceso de una compra-venta de un terreno en Machalí, donde se investigan presuntas irregularidades que consideran posible cohecho y delitos tributarios, entre otros.
El Mercurio reporta que Moya ofició al Instituto de Propiedad Intelectual, para que dé cuenta de la titularidad de los controvertidos informes, y si acaso estos trabajos -los que se acusan copiados- están inscritos. El OS-9 estaría a cargo de las diligencias.
El delito que se indaga es el que involucra “productos protegidos por la propiedad intelectual“, por lo que el ente persecutor está pesquisando si existe una falsificación deliberada y violación de un derecho de propiedad industrial, o sea en contra de una marca comercial. La piratería, en tanto, es la deliberada infracción en contra del derecho de propiedad intelectual o derecho de autor. En estos dos casos se trata de infracciones que implican el uso o copia, sin autorización de sus propietarios, de material protegido o una marca comercial protegida por derechos de autor.
