La fiscal Macarena Cañas, de la unidad de delitos de alta complejidad Centro Norte, está investigando la desaparición de 270 millones de pesos de una de las fundaciones vinculadas a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
El principal imputado de la causa, Manuel Olivares, quien fue jefe de administración y finanzas de la fundación en 2011 y 2012, deslizó la posibilidad de que parte de estos dineros fueron destinados a la campaña senatorial del actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, la que perdió el 2013.
En su declaración, consta que “ingresé a la Municipalidad de Maipú cuando era alcalde Alberto Undurraga, ya que somos amigos, compañeros de colegio y Alberto es el padrino de uno de mis hijos”. Luego, Olivares manifestó que en el 2011 le dijeron “mira guatón, necesitamos generar dinero para la campaña de Alberto Undurraga”. Olivares habría accedido.
Otro de los imputados del caso es el periodista Miguel Espejo, quien fue jefe de gabinete de Undurraga cuando era alcalde de Maipú. Sus asesorías fueron cuestionadas en las auditorías que se hicieron la fundación de la Facultad de Economía y Negocios.
Undurraga hizo llegar a La Segunda una declaración, donde manifiesta que “he conocido a través de un medio de comunicación escrito extractos de declaraciones que habría hecho una persona imputada y formalizada por un eventual fraude en la Fundación de a Facultad de Economía de la Universidad de Chile, donde se me menciona de distinta forma”.
“No he tenido ni tengo relación alguna con la Fundación de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile (…) se menciona que se habría utilizado mi nombre para eventuales financiamientos de campaña, lo que es falso, inverosímil y calumnioso. Falso porque nunca hubo financiamiento de campaña de este tipo, e inverosímil porque los hechos ocurrieron en los años 2011 y 2012, y la campaña en segundo semestre de 2013”.
A renglón seguido plantea que “las personas involucradas en esta investigación desde hace ya varios años que no tienen relación alguna con mi persona. De hecho, desde 2012 que no trabajan conmigo (…) le he solicitado a abogados que evalúen posible querella por utilización de mi nombre indebidamente y por eventuales delitos de injuria y calumnia”.
La declaración concluye planteando que “se ha convertido en una costumbre reciente en nuestro país que cada vez que un imputado o formalizado menciona a una autoridad, ésta tenga que salir a dar explicaciones por hechos falsos”.
