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UDI acudirá a Contraloría por presuntos pagos irregulares en la Municipalidad de Santiago

Esto, luego de que el alcalde (s) Víctor Hugo Miranda Núñez y Carlos Drews Rubilar firmaran un contrato por más de tres meses, que significó el pago de más de 60 millones de pesos.

La administración de Carolina Tohá nuevamente se ve amenazada luego de que la UDI anunciara que recurrirá a la Contraloría por presuntos pagos irregulares. Según el secretario general del partido, Guillermo Ramírez, solicitará al organismo que se devuelvan $68.998.328 que fueron pagados por el municipio a un asesor externo, acusó.

“Con fecha 1 de junio de 2016, la Ilustre Municipalidad de Santiago, representada por su alcalde (s) Víctor Hugo Miranda Núñez, y Carlos Drews Rubilar firmaron un contrato de prestación de servicios que tuvo una vigencia de tres meses, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de 2016. En virtud de este contrato, la Municipalidad de Santiago canceló por concepto de honorarios un total de $68.998.328”, destacan los antecedentes entregados.

Dicho servicio fue “gestionar y recuperar reembolsos por subsidios por incapacidad laboral”, por lo que se le entregó a Drews una serie de atribuciones “sin que el prestador del servicio asuma la calidad de funcionario municipal”, consignó La Tercera.

Según sostiene la tienda ubicada en Suecia, lo ocurrido contravendría un informe de la Contraloría emitido en febrero de este año por una situación similar ocurrida en la comuna de Colbún. En esa oportunidad, el documento consignó que “los municipios no pueden traspasar a particulares las labores que son propias de su función pública” y ordenó que el total de los montos pagados por el municipio fueran devueltos.

Junto con eso, contravendría la Ley de Municipalidades, ya que la unidad de administración y finanzas le corresponderá recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales.

Con estos antecedentes, la UDI solicitará a la Contraloría que estos pagos sean “objetados y reintegrados, o que de lo contrario se inicie un Juicio de Cuentas en contra de los funcionarios involucrados en estos hechos irregulares, incluidas las máximas autoridades comunales”.

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