Una denuncia por el presunto delito de obtención fraudulenta de beneficios previsionales fue la que presentó esta jornada el Gobierno, por medio de la Caja Previsional de la Defensa Nacional (Capredena) ante el Ministerio Público.
La decisión se tomó luego que un reportaje del programa Informe Especial de TVN revelara que varios ex uniformados de las Fuerzas Armadas reciben una pensión por invalidez, pero que no tienen discapacidades físicas, requerimiento esencial para acceder a dicho beneficio. Además de eso, algunos de ellos incluso se encuentran condenados por violaciones a los DD.HH.
La acción judicial fue presentada por el ministro de Justicia, José Antonio Gómez junto con el vicepresidente ejecutivo de Capredena, Cristián Rojas.
Al respecto, Rojas informó que las pensiones por invalidez de segunda clase corresponde al 5,5% de las 106 mil pensiones que son canceladas por el organismo.
“Esta es una medida importante junto a las medidas administrativas donde serán reguladas las comisiones de salud para que existan igualdad de condiciones, para que se utilicen los mecanismos del sistema público y para que, adicionalmente con los antecedentes que tengan el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, no se permitan situaciones irregulares”, afirmó el titular de Justicia.
