La Universidad Católica sigue adelante con su intención de rechazar el protocolo de objeción de conciencia en el caso de la interrupción del embarazo en tres causales, y no descarta poner fin al convenio firmado con el Ministerio de Salud en 2003.
Esto, luego de presentar un recurso de reposición, luego que la Corte de Apelaciones rechazara su pedido de no innovar en el recurso de protección contra el Ministerio de Salud y paralizar la aplicación de este reglamento.
Y es que el protocolo establece que los recintos públicos y privados que son parte del Sistema Nacional de Servicios de Salud y que tienen convenios con el Estado, no pueden invocar la objeción de conciencia si “el objeto de dichos convenios contemple prestaciones de obstetricia y ginecología”.
De este modo, los recintos de la UC que se verían afectados por este hecho son los Centros de Salud Familiar Madre Teresa de Calcuta y San Alberto Hurtado, en Puente Alto, y Juan Pablo II en La Pintana.
En el recurso de reposición, dado a conocer por La Tercera, la UC explica que “como el estatuto jurídico del aborto está plenamente en vigor antes de que se resuelva el fondo de esta controversia, según la redacción actual de la normativa- (la UC) no podrá objetar en conciencia. Por ello, estaría obligada a optar entre realizar abortos o a suspender el convenio suscrito con la recurrida”.
La casa de estudios apuntó que la suspensión del convenio dejaría “a una población de más de 70 mil personas sin atención de salud primaria en la zona sur de Santiago y no hacerlo implica que la UC no podría reglamentariamente acceder a la objeción de conciencia institucional”.
Frente a esto, la ministra (s) Gisela Alarcón detalló que “son tres los centros de salud familiar donde las prestaciones que se realizan ni siquiera son de anticoncepción, sino de control ginecológico del embarazo”. Así, “a la UC no le aplica la norma, dado que es un convenio a la atención primaria”.
Por su parte Gonzalo Rubio, médico ginecobstetra del Hospital San José, expresó que la UC “debiera actuar derivando a centros secundarios o terciarios públicos que sí hagan un aborto. Actualmente en los centros Áncora (parte de la red de salud UC) no daban anticonceptivos, pero tuvieron que poner matronas que si los dieran”.
“Me parece gravísimo que se le entreguen recursos públicos a una institución que abiertamente discrimina a las mujeres y además no da anticoncepción. Eso expone a la población a más enfermedad, mortalidad y pobreza”, sentenció.
