Este jueves, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, se refirió al misterio en torno del cierre o no del penal Punta Peuco, que acoge a ex militares condenados por delitos de lesa humanidad, a dos días de que finalice el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Gómez alertó por las posibles consecuencias que podría generar el traslado de los detenidos en Punta Peuco a recintos carcelarios comunes, porque “lo que importa, en nuestra opinión, es que las personas que cumplan condena, cualquiera haya sido el delito cometido, lo hagan en condiciones de seguridad“.
“El problema más complejo que enfrentan los condenados por violaciones a los Derechos Humanos es el poder cumplir condena en un lugar en el cual se pueda asegurar la vida de ellos mismos. Si a esas personan usted las mezcla con la población común, lo más probable es que se produzcan situaciones graves y el Estado, en ese caso, es responsable”, explicó.
En esa línea, el ministro los ex militares “puedan ser agredidos o terminar muertas en una situación de agresión en los recintos penales. La condena tiene que ser cumplida por aquellos que cometieron crímenes tan graves como estos, pero el Estado también tiene la obligación de asegurar la vida. Y, por lo tanto, en esas decisiones el Ministerio de Justicia tendrá que tomar las medidas que corresponda si es que decide trasladarlos o tomar alguna medida que hasta hoy no ha sido así”.
El posible cierre del penal Punta Peuco salió nuevamente al debate luego de que la Presidenta Bachelet participara en el programa Las Caras de La Moneda, de Canal 13, donde ante la pregunta sobre si cerraría o no el penal, la Mandataria sostuvo que “quedan cinco días y no anuncio nada por la prensa, ahí se verá”.
