El Partido Socialista redactó junto a sus abogados asesores un informe preliminar en derecho respecto a la pertinencia de la acusación constitucional del Frente Amplio contra el ministro de Salud, Emilio Santelices, por el fallido protocolo de objeción de conciencia en la ley de aborto en tres causales.
Dentro de los reclamos del PS apunta a que el FA no les había entregado -hasta anoche- sus fundamentos para hacer la acusación. Junto con eso, el diputado Leonardo Soto se quejó por los emplazamientos del bloque por la prensa y por intentar dividir a la oposición, más que buscar las responsabilidades políticas de Santelices.
En el documento se desestima la presentación del líbelo bajo dos apreciaciones: la jurídica y la política. La primera, en el punto 7 que denominaron “déficit”, plantea que “se requiere un nivel de precisión de los actos u omisiones imputables directamente al ministro, a fin de precisar el núcleo de la imputación, no se debe perder de vista que se trata de una acusación que debe satisfacer estándares de congruencia a objeto de garantizar un debido proceso”.
“Por una parte, de manera extraoficial se menciona el affaire protocolos en materia de aborto en tres causales, que fue un asunto que los propios parlamentarios pusieron a consideración de la Contraloría con el dictamen que se ha conocido recientemente. Este punto puede ser un argumento de la defensa, se trataba de una discordancia interpretativa que fue resuelta institucionalmente. El dictamen coincide con la interpretación auténtica de la ley de aborto en tres causales”, agregaron.
Respecto al aspecto político, según detalla El Mercurio, va “más allá de lo jurídico, en términos políticos, en todo lo anterior no se debe perder de vista la plausibilidad de contar con votos suficientes para poder aprobar la acusación. La pregunta que subsiste es si se trata de la última herramienta, existiendo en trámite una ley interpretativa (aprobada en comisión anoche), y lo ordenado por el dictamen es que estas materias deben ser reguladas por reglamento”.
Entre los diputados PS sostienen que ahora no es oportuno hacer el requerimiento, puesto que existen otras salidas institucionales. “No resulta del todo claro que haya conductas directas del ministro que violen de hecho la ley, sino más bien son puntos de interpretación jurídica”, manifestó Soto.
Esto peligra la arremetida del Frente Amplio contra el secretario de Estado, puesto que no contarían con el apoyo necesario para sustentarlo ante las dos cámaras del Congreso.
El segundo informe
Al informe antes mencionado, se suma el que realizó el abogado constitucionalista Javier Couso a petición del diputado Marcelo Díaz. En él sostiene que la acusación constitucional “no es un juicio político” y que no debe entenderse como una “censura o crítica política”, sino que es de “naturaleza jurisdiccional” donde se juzga a alguien por la comisión de un ilícito.
El informe concluye con que no debería proceder la acusación “a menos que se pruebe que a sabiendas de la ilegalidad de su acto”, el ministro incurrió en el acto, argumentando que para ello se debe “suponer dolo” en su accionar.
“No me parece que se configure esa causal”, postuló Couso, y recomendó que el PS opte por una comisión investigadora.
