La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que elimina privilegios procesales en favor de autoridades civiles y judiciales, entre ellos, los propios parlamentarios.
Con esto, las autoridades perderán la potestad de prestar declaraciones judiciales en el domicilio que ellos determinaban y no en el tribunal.
Quienes perderán este privilegio son: senadores y diputados; subsecretarios; delegados presidenciales regionales y provinciales; los alcaldes, dentro del territorio de su jurisdicción; los jefes superiores de servicio; los miembros de la Corte Suprema o de alguna de las Cortes de Apelaciones; los fiscales judiciales de estos tribunales; los jueces letrados; el fiscal nacional y los fiscales regionales; los oficiales generales en servicio activo o en retiro, los oficiales superiores y los oficiales en jefes.
Según la Cámara Baja, solo mantendrán el actual beneficio el Presidente de la República y los ministros de Estado.
En sus fundamentos, los diputados autores del proyecto, ahora enviado a consideración del Senado, resaltan que “en una sociedad democrática deben limitarse los tratos preferentes en favor de las autoridades públicas y solo subsistir aquellos que sean estrictamente necesarios para el ejercicio de los más altos cargos”.
Cabe recordar que esta iniciativa es complementaria a otra propuesta despachada por la Cámara de Diputados en junio pasado, la cual elimina estos privilegios procesales a favor de autoridades eclesiásticas.
