A partir de la confirmación del ministro del Interior, Andrés Chadwick, de que un efectivo de Carabineros habría destruido la tarjeta de memoria de una cámara de vigilancia que registró el operativo que terminó con la muerte del joven Camilo Catrillanca, el Consejo para la Transparencia (CPLT) cuestionó la gestión documental de las entidades involucradas y acusó un fallo en el sistema de control de la información del Estado.
El titular del CPLT, Marcelo Drago, aclaró que la tarjeta contenía “información pública”, por lo que lo que su eliminación “es de la mayor gravedad”.
“No es posible que baste que un funcionario decida destruirla (la tarjeta) para que eso pueda ser posible. Tienen que haber sistemas de monitoreo de respaldo suficientes para que información tan delicada no sea factible de ser destruida con tanta facilidad”, detalló.
Asimismo, el Presidente del Consejo, recordó que se trata de material que al estar en el contexto de una investigación judicial, “le agrega un componente penal bien sustantivo”.
Finalmente, Drago convocó a realizar mejoras en el sistema de control y seguridad de acceso a información: “No es posible que (este contenido) esté bajo el control de una sola persona. Faltó gestión documental, faltó seguridad de la información”, finalizó.
