Los senadores Francisco Chahuán y Juan Pablo Letelier presentaron un proyecto de ley que sanciona con hasta tres años de cárcel a quienes ocasionen daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada.
“El proyecto busca sancionar con mayor gravedad los atentados a los medios de transporte público de pasajeros particularmente los buses, sus elementos auxiliares o accesorios y los daños a la infraestructura asociada, tales como paraderos, terminales, luminaria, elementos de las vías, cámaras u otras tecnologías, cuya destrucción perjudica la movilidad de las personas”, explicaron los senadores.
En el proyecto, los daños se castigan con una pena que va desde los 541 días a los 3 años y una multa de $967.060 (20 UTM). “Si el daño o el atentado, cualquiera fuera su forma y cuantía, se produjere contra un bus o tren prestador de servicio de transporte publico remunerado de pasajeros en circulación o no, o contra la infraestructura asociada al transporte, tales como, refugios, paraderos, cámaras u otros elementos fijos o móviles”, indica el texto.
Y quienes rayen los carros o la infraestructora arriesgan penas de presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días de reclusión y a multas de $483.530 (10 UTM).
“Quienes sin la correspondiente autorización por medio de marcadores, tinta, pintura, materia orgánica o similar de cualquier tipo, procedieran a la pintura de mensajes, firmas, rayados, dibujos, u otras figuras o expresiones, escritos, inscripciones o grafismo, sobre cualquier elemento del transporte público, ya sean paraderos, refugios o buses”, añade el proyecto.
Según los legisladores, “el daño a los buses o medios de transporte significa que al día siguiente estos no pueden operar con normalidad, lo que afecta directamente a los usuarios. El gasto de reparación y mantenimiento que las actuaciones antisociales, daños y vandalismo en buses e infraestructura asociada al transporte, es finalmente sufragado por todos los contribuyentes que son los perjudicados directamente (…).
El texto legal comenzará a ser analizado este miércoles 3 de abril en el seno de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y espera ser “una respuesta jurídica enfática (…)” porque “cualquier problema que afecte su acceso y funcionamiento, impacta negativamente en la población”.
“En efecto, los medios de transporte cumplen un “rol social” pues permiten a las personas la realización de los desplazamientos cotidianos para desarrollar sus actividades diarias laborales, escolares, estudiantiles y sociales”, precisan los autores.
