Una encuesta realizada por Termómetro Social develó que 9 de cada 10 chilenos estaría dispuesto a participar en el Plebiscito de abril d 2020 y 85,5% estaría a favor de nueva Constitución.
A casi dos meses del estallido social, el movimiento mantiene un amplio respaldo por parte de la ciudadanía y un 76,9% de la población se manifiesta de acuerdo con el movimiento, mientras sólo un 12,4% está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. La temperatura de las movilizaciones pareciera no decaer, en tanto un 64,9% de la población está de acuerdo con que continúen las movilizaciones, contrastando con el 28,4% que está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Al consultar por las principales demandas, Pensiones sigue liderando como la más importante para la ciudadanía (27,3%), seguida de Salud (21,7%) y Costo de vida (11,6%).
Termómetro Social consultó por el “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución”, donde un 42,5% se mostró disconforme con la firma de dicho pacto, frente a un 30,2% que está conforme.
No obstante, 9 de cada 10 encuestados (89,9%) dice que votará en el plebiscito de abril de 2020 y el 85,5% afirma que votará a favor de una Nueva Constitución. Sin embargo, al desagregar a los encuestados por posición política, el grupo de derecha rechaza con un 30,3% una nueva Constitución. Más de la mitad de los encuestados (51,4%) cree que debería ser por medio de una Convención Constitucional y un 38,8% una Convención Mixta. Sobre la representatividad del proceso, el 80,7% señala estar de acuerdo con que se garantice un mínimo de cupos para los pueblos originarios y un 74,5% está de acuerdo con incorporar cuotas de género, de hecho, el 76,2% aprueba que la mitad de los cupos sean para mujeres. Solo el 31,5% está de acuerdo con incluir a personas de entre 14 y 17 años.
Estallido social
Respecto a la percepción de violencia sobre el conflicto social, 7 de cada 10 encuestados (71,8%) concuerda con que la razón de la violencia es porque es una reacción emocional a la frustración y descontento, siendo las mujeres quienes apoyan más esta idea, mientras que entre los 18 y 35 años esta afirmación alcanza el 85% de justificación. Por otra parte, un 69,5% está de acuerdo o muy de acuerdo con la idea de que aprovechan la ocasión para cometer delitos.
Sobre el uso de la fuerza, un 90,6% de las de las personas nunca o pocas veces justifica que FF.EE y Carabineros lancen bombas lacrimógenas y/o gas pimientas para dispersar marchas pacíficas y un 96,6% está en contra del uso de balines y/o perdigones para dispersar marchas pacíficas.
Por su parte, un 78,3% de las personas entrevistadas cree que actualmente en Chile se violan sistemáticamente los DD.HH. de los ciudadanos. Por el contrario, solo un 18,4% no lo cree. Pese a esto, la percepción no es transversal por tramos de edad y los resultados cambian contundentemente al segmentar por posición política. Sobre las instituciones o grupos que más violan o vulneran los DD.HH., el 66,4% de las personas menciona al Gobierno y el 64,8% señala a Carabineros y FFEE.
Termómetro Social también evaluó la confianza en las instituciones, donde Bomberos y Voluntarios del área de la salud en las calles son los mejor evaluados con nota 9,2 y 8,1, respectivamente (nota de 1 a 10), cuyo apoyo es transversal en todos los segmentos etarios, sexo y posición política. Mientras que el Presidente de la República, los Ministros, Parlamentarios y los Partidos Políticos son evaluados con los peores índices de confianza, con resultados alrededor de 2. Estos últimos resultados varían levemente al segmentar por sexo y por edad, sin embargo, al separar por posición política los resultados cambian notoriamente.
La segunda versión del Termómetro Social, cuyos resultados son representativos a nivel nacional, incluyó un módulo de Desempleo y los costos del conflicto social donde desocupación alcanzó un 12,6% sobre el universo encuestado[1]. De estos, 10,6 puntos porcentuales representan a quienes no asocian estar desempleados a algún factor relativo al movimiento social. Se estima que 1,0 pp se debe a personas que declaran estar sin trabajo por consecuencia directa de las manifestaciones, mientras que el otro punto porcentual se debería a consecuencias indirectas.
