La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que modifica la ley sobre protección de la vida privada con el objetivo de resguardar la información sobre deudas contraídas para financiar servicios educacionales, conocida como “Chao Dicom”.
El primer informe, rendido ante la Sala por la diputada Camila Rojas (Comunes), da cuenta que el proyecto consta de un artículo único que establece que tal como no puede comunicarse información relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas o privadas de servicios de electricidad, agua, teléfono y gas, tampoco podrá hacerse con aquellas con instituciones de educación superior.
La norma, aprobada en general por 117 votos a favor, también incluye a aquellas adquiridas con bancos o instituciones financieras o en el marco de las líneas de financiamiento a estudiantes para cursar estudios en educación superior, administradas por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), ni alguna deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional en cualquiera de sus niveles.
El proyecto incluye un artículo transitorio que señala que estas disposiciones entrarán en vigencia a partir de los 180 días posteriores a la publicación de la ley, fecha desde la que los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican este tipo de información deberán eliminar todos los datos relacionados.
El proyecto, originado en el Senado, entrega como antecedentes que según el último informe Deuda Morosa, publicada por DICOM en el segundo trimestre del año 2018, eran más de 4.480.000 los deudores morosos en nuestro país. De ese total, un 4% se encontraba bajo el acápite “enseñanza”, es decir, casi 180.000 chilenos y chilenas estaban informados en DICOM por alguna deuda derivada de la prestación de servicios educativos.
