La decisión del Tribunal Constitucional (TC) generó reacciones en víctimas de violencia en la provincia de Arauco que se adjudican a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Esto porque el organismo rechazó declarar inconstitucional al grupo presuntamente responsable de atentados en la Región de La Araucanía.
El documento fue presentado por el ex coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquizar, quien también apuntaba a organizaciones como Weichan Auca Mapu, la Resistencia Mapuche Malleco y Lafquenche. Sin embargo, fueron las argumentaciones fueron desestimadas por el TC.
Entre las razones, indicaron que no habían argumentos para resolver que “determinadas organizaciones, a través de sus objetivos, actos o conductas, no han respetado los principios del régimen democrático”.
Al respecto, el Presidente de la Fundación Chilena de Víctimas de Terrorismo en la Macrozona Sur, Fernando Fuentealba, manifestó su disconformidad con el fallo del TC. “Esto es sedición absoluta, va en contra del Estado de Derecho de las personas, va en contra de la democracia… Esto es un cáncer que hay que detenerlo”, afirmó.
Parlamentarios reaccionaron a fallo del TC
La diputada Joanna Pérez (DC) expresó que “El TC sí es el órgano llamado a verificar si hay asociación, en este caso, de agrupaciones que están generando temor, generando violencia, que están activa y estratégicamente buscando desestabilizar el Estado”.
Mientras que la diputada Flor Weisse (UDI) remarcó que “resulta incomprensible que no se declare admisible el requerimiento, ya que no se dio la posibilidad de entrar al fondo y poder revisar las pruebas, y con esto acreditar qué es lo que hacen estas organizaciones. Nos gustaría que alguien nos diga entonces ¿qué es la CAM?, si es que no es una organización terrorista que utiliza la violencia como método de acción política”.
No obstante, el senador Gastón Saavedra (PS) sostuvo que “el TC sanciona causas político-ideológicas, y el fundamento de la petición de declarar inconstitucional a la CAM está basado en hechos delictuales, en hechos que tienen que ser sancionados por el Poder Judicial, por tribunales penales, por tanto se equivocan quienes presentaron esta acusación ante el Tribunal Constitucional”.
Por último, el fallo señala que el texto “no entrega un desarrollo argumentativo que permita comprender la forma en que las organizaciones (…) usan la violencia como método de acción política”.
